Estudio reveló que los chilenos sentimos que "vivimos entre iguales", pero en las comunas menos pobladas las diferencias económicas son más visibles.
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por Claudia Ramírez Friderichsen
Suponga que pierde su billetera con los documentos y alguno contiene su dirección. Si alguien de su barrio lo encuentra: ¿Cuán probable cree que sería que se la devolvieran sin que faltara nada?" Si su respuesta es "poco probable", usted pertenece al 46% de los chilenos que no confía en sus vecinos.
Además de la desconfianza, el escaso conocimiento y la poca participación en actividades de barrio, son los principales resultados de la Encuesta Nacional Bicentenario 2007, realizada entre julio y agosto por la Universidad Católica y la empresa Adimark, que ha sido difundida en forma exclusiva por El Mercurio y Canal 13.
Ante estas conclusiones, Adriana Delpiano, intendenta de la Región Metropolitana, es categórica: "Construir barrios es una tarea pendiente", señala.
El serio distanciamiento del barrio que exhiben los chilenos se percibe en la poca integración a actividades comunitarias. Un ejemplo es que el 80,3% de los encuestados declaró no haber participado en actividades de este tipo el último mes. Al consultarles por el tipo de vecindad en que viven, los entrevistados se inclinan por decir que "viven su vida independiente" (64,4%).
Isabel Brain, coordinadora del Programa ProUrbana del Programa de Políticas Públicas UC, explica: "En los grupos socioeconómicos altos la vida es independiente puesto que económicamente no requieren apoyo. Mientras las familias más pobres habitan en viviendas donde la falta de equipamiento urbano adecuado y la delincuencia las llevan a encerrarse".
El vecino tiene lo mismo
En promedio, más del 65% de los encuestados dice que el vecino tiene un nivel "similar al mío". Esto porque "los chilenos vivimos mayoritariamente entre iguales", según la socióloga Isabel Brain.
Sin embargo, las diferencias socioeconómicas se ven fácilmente en ciudades de menos de 100.00 habitantes. "En Santiago el 30% de los ciudadanos salió de la pobreza hace poco. Aquí, los indicadores de progreso son muy visibles, como si la familia del lado se compra un auto", explica la Intendenta Metropolitana.
El progreso también influye en el escaso apego al vecindario. Pero la intendenta Delpiano insiste en que la idea es otra: "Queremos que la gente se quede en su barrio a pesar de que Santiago tiene una fuerte marcación por barrios y comunas".
La desconfianza también es alta. A la pregunta "¿se puede confiar en los vecinos de su barrio?" el 42% declaró que "sólo en algunos". Isabel Brain señala que la confianza "no es resultado de la interacción sino de suponer que el otro es una persona parecida".
El tema preocupa a las autoridades. Para mejorar la calidad de vida en los barrios, el Ministerio de Vivienda implementó el programa "Quiero mi barrio", que trabaja en la restauración de 200 barrios. Claudia Pinto, secretaria ejecutiva del Programa Recuperación de Barrios, señala que la iniciativa reconstituye la confianza y el trabajo conjunto. "En la población Santa Adriana se construyó una plaza para el adulto mayor, por una idea de los vecinos", destaca.
2.037 personas mayores de 18 años fueron encuestados.
86 comunas del país fueron consideradas.
80,3% de los encuestados no participó en actividades de barrio el último mes.
64,4% de los encuestados dice que hace su vida independiente.
42% de los encuestados dice que sólo puede confiar en algunos vecinos.
Fuente: El Mercurio Domingo 18 de noviembre de 2007
Chilenos no se integran al barrio y apenas conocen a sus vecinos
Etiquetas: calidad de vida, mejoramiento de barrios, noticias
Estudio sobre la movilidad social en Chile: El nuevo rostro de Chile
No importa el nivel socioeconómico, más de la mitad de los chilenos piensa que sus ingresos y sus viviendas, su vida familiar y su tiempo libre, son mejores a los que tuvieron sus padres. Esta es la nueva sociedad que muestra la encuesta bicentenario 2007 UC-Adimark. Una sociedad más optimista. Roberto Méndez, presidente de la empresa, analiza aquí los resultados.
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Por ROBERTO MÉNDEZ
Durante los últimos 20 años en Chile se ha producido un cambio social dramático, del que hay conciencia en la población. Incluso, más allá de lo que las elites están dispuestas a reconocer. Se trata de una mejoría generalizada en la calidad de vida, que ha alcanzado a todos los estratos.
Esto se manifiesta en múltiples aspectos objetivos de la vida de las personas: la calidad de sus viviendas, acceso a la educación, calidad de sus trabajos, hasta en su tiempo libre. Existe hoy una percepción de que vivimos mejor que nuestros padres a la misma edad, y también mejor que nosotros mismos años atrás. Es un gran logro, y habla del éxito como país. La idea de progreso compartido, que alcanza a todos los niveles socioeconómicos, formará parte de la realidad del Chile del Bicentenario. Esto, sin desconocer las múltiples falencias y desafíos que aún enfrentamos como sociedad.
Se ha discutido mucho sobre el verdadero nivel de pobreza que aún tenemos, especialmente después de los últimos resultados de la encuesta Casen. Sin embargo, hay consenso en que el grupo más pobre se ha reducido en forma muy importante, quizás en lo que constituye una de las experiencias más exitosas del mundo. Aún así, hay quienes critican el desarrollo que ha tenido el país, alegando que una proporción importante de chilenos ha sido excluida de sus beneficios. Los datos que entrega este estudio desmienten esta visión. El progreso ha sido transversal, y la gran mayoría lo ha experimentado. Por supuesto, hay sectores que aún están bajo la línea de la pobreza o que quisieran ir más rápido. Sí, pero lo que dicen los datos es que una inmensa porción de los chilenos percibe que ha mejorado su vida en paralelo al desarrollo del país. La evidencia, me parece, es contundente.
Esta encuesta es sobre percepción y, como tal, tiene limitaciones. Para conocer efectivamente la movilidad social se requiere de estudios de tipo Panel, en los que un mismo grupo de familias es seguido a lo largo del tiempo, a veces durante años. Los resultados, sin embargo, son consistentes con investigaciones como la Casen–Panel, la que demuestra que no sólo existe movilidad, sino que ésta es más ágil de lo que pensábamos, en el sentido de que, si miramos por ejemplo la línea de pobreza, mucha gente se mueve por encima y por debajo de ella con dinamismo.
El progreso tiene múltiples consecuencias políticas. La población chilena se vuelve conservadora y teme poner en peligro el bienestar alcanzado. Todos los datos electorales y encuestas muestran que los electores prefieren las posiciones moderadas a las extremas. Si bien últimamente han aumentado algunos conflictos sociales (mapuches, estudiantiles, sindicales), la mayor parte de la población siente rechazo. La participación en ellos es escasa y podríamos decir que disfrutamos de una relativa paz social, al menos en comparación a otros momentos de nuestra historia.
MOVILIDAD Y CONFLICTO SOCIAL
Mientras más movilidad hay en una sociedad, menor es el nivel de conflicto. Son hechos contrapuestos. En una sociedad rígida, sin movilidad alguna, la única apuesta para los sectores sociales excluidos es la transformación radical del sistema. La movilidad funciona como una válvula de escape, neutralizando o aminorando las presiones sociales.
Pero incluso los conflictos sociales de estos tiempos son diferentes a los que vivió Chile hace 30 o 40 años. En los actuales se observa una demanda por cambiar las condiciones en que los diferentes grupos operan. Los estudiantes exigen más ayuda para financiar su educación y una mayor calidad de ésta. Los sindicatos buscan mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Pero no se pone en cuestión el sistema vigente, no se busca destruirlo, con excepción de algunos grupos sin mayor representatividad.
LA VIDA BUENA
Se ha dicho que, a pesar del crecimiento económico y del progreso, existe en Chile un malestar en relación a la calidad de vida. El diagnóstico es difuso y la evidencia, débil. Los resultados de la Encuesta Bicentenario 2007 UC-Adimark apuntan en sentido contrario. Incluso en materias como la vida familiar o el tiempo libre, la percepción generalizada es que estamos mejor que hace una generación.
Estos datos hablan de un país que reconoce su éxito, uno que no es sólo material. Si existe tal malestar, podría ser por lo no logrado, pero no por una falta de progreso.
EL DESAFÍO DE LA EDUCACIÓN
Movilidad social y desigualdad son conceptos absolutamente distintos. Una sociedad puede tener mucha desigualdad y combinarse con mucha o poca movilidad. En determinados momentos, la movilidad social se contrapone a la igualdad. Porque la movilidad depende de que existan oportunidades de progreso, de avanzar según las propias capacidades. Y existiendo tales oportunidades, los más exitosos, recibirán una compensación que no es compartida por otros miembros de la sociedad. Y eso es una fuente de desigualdad.
La movilidad social está necesariamente asociada a la educación. Chile se ha quedado atrás en los indicadores de calidad, pero hemos sido exitosos en lograr cobertura, lo que hace que hoy la mayoría de los jóvenes logre terminar la educación media. Es el decisivo aumento de la cobertura educacional desde ya más de 20 años, unido a un proceso económico exitoso, lo que explica esta mayor movilidad social que los datos revelan.
Nos estamos moviendo en la dirección correcta, la de las oportunidades y el premio al esfuerzo personal. Pero aún nos falta mejorar dramáticamente la calidad de la educación. Esa es la siguiente etapa, la próxima revolución que hemos de protagonizar, el desafío pendiente, y de urgencia vital. Los jóvenes están impacientes, y con razón. No tendrán otra oportunidad. Quienes hoy reciban una educación de baja calidad serán perjudicados de por vida, lo que es un conflicto potencial.
Hoy aparece un consenso promisorio entre los políticos en la necesidad de realizar una reforma profunda al sistema educacional. Gobierno y oposición parecen estar poniéndose de acuerdo en que una educación de calidad, para todos es un requisito para el progreso y probablemente para la estabilidad del país.
Ya era hora.
DOS LECTURAS PARA UNA ENCUESTA
Por Florencia Torche*
En 2003, una editorial del Wall Street Journal sugería que "pocos (norte)americanos ven a una persona rica cuando miran al espejo, pero [muchos] la ven cuando miran una bola de cristal". Sin llegar a ese extremo, la encuesta Bicentenario 2007 UC-Adimark muestra que los chilenos tenemos una muy optimista percepción de nuestras perspectivas de movilidad: dos tercios de la población sienten que su posición económica mejorará.
La causa más probable es el aumento del bienestar económico: un crecimiento del PIB per cápita del 5 por ciento ha aumentado las oportunidades de movilidad. Así, no es sorprendente la baja disposición a hacer sacrificios para mejorar la situación individual: sólo un tercio de los encuestados trabajaría más horas, o lejos de la familia, o aceptaría un trabajo con más riesgos para mejorar sus ingresos.
Estos datos tienen dos lecturas. Por una parte, señalan la supuesta debilidad del espíritu capitalista, que privilegia el riesgo y la gratificación diferida. Consideremos que los chilenos trabajamos 1.902 horas al año, similar a las 1.824 horas que trabajan los estadounidenses, pero modesto comparado con países con alto crecimiento económico como Corea donde se trabaja, en promedio, ¡2.380 horas al año! Desde esta lectura, la pregunta es: ¿podemos darnos el lujo de reducir el esfuerzo laboral dado nuestro nivel de desarrollo?
Desde una segunda lectura, la encuesta revela una preferencia por el tiempo y la estabilidad familiar. Dado el gran número de investigaciones que muestran que el involucramiento de los padres redunda en mejores resultados de los hijos, esta disposición a la vida familiar puede ser un recurso enorme para la próxima generación de chilenos.
Estas dos lecturas no son irreconciliables, pero integrarlas presenta desafíos, como políticas que permitan conciliar la participación laboral con las responsabilidades familiares.
FICHA TÉCNICA
TIPO DE ESTUDIO: Cuantitativo, mediante encuestas personales realizadas en hogares.
UNIVERSO: Toda la población de 18 años y más que habita en la totalidad de las comunas (censo 2002) del país. Sólo se omiten algunas zonas de muy difícil acceso y que representan menos del 1 por ciento de la población total.
DISEÑO MUESTRAL: Probabilístico estratificado, en cuatro etapas de selección aleatoria.
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 2.037 personas efectivas. Margen de error a nivel total: +/- 2,2 por ciento.
FECHA DE TERRENO: Entre el 6 de julio y el 15 de agosto de 2007.
Fuente: Revista El Sábado, El Mercurio sábado 17 de noviembre de 2007
Etiquetas: calidad de vida, noticias
Doblarán cantidad áreas verdes por persona en Santiago
La intendenta de la Región Metropolitana, Adriana Delpiano, que encabezó este jueves una ceremonia de premiación de profesores que fueron capacitados en educación ambiental, anunció que en los próximos días firmará un convenio con dos ministerios para iniciarse la construcción de nuevos parques con lo que se duplicará el número de éstos en la capital.
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"Quiero compartir con ustedes las buenas noticias, en los próximos días vamos a firmar un convenio con los ministerios de Obras Públicas, y de Vivienda, y que nos va a permitir iniciar un proceso de construcción de grandes parques dentro de la Región Metropolitana por lo que duplicaremos la cantidad de metros de áreas verdes por habitante. Hoy, tenemos en promedio tres metros cuadrados de área verde por habitante. El estándar dice que tenemos que tener nueve, y con el esfuerzo que vamos a hacer vamos a llegar a seis metros cuadrados por habitante. Pero vamos a seguir para lograr ese estándar de nueve metros", señaló la intendenta.
"Tenemos que preocuparnos por la flora y fauna en esta cuenca. No basta con tener árboles en el sur de Chile. Necesitamos tenerlos aquí, por eso es que tenemos un plan tan ambicioso con Conaf (Corporación Nacional Forestal) de poder tener un vivero que esperamos materializar en los próximos meses, que nos permitan tener 100 mil árboles al año nuevos en esta cuenca".
"Cada árbol limpia un porcentaje muy importante del aire. Y nuestro siguiente paso será también trabajar con los municipios, con las empresas eléctricas de que no mutilen los árboles. Una cosa es podar y otra cosa mutilar. Y por lo tanto tendremos que trabajar para el cuidado de los árboles", señaló la autoridad regional.
"Tenemos que buscar cuáles son las especies con las que tenemos que arborizar Santiago. Santiago necesita muchos árboles en su precordillera y dentro de la ciudad. Y supone que cada familia se hace cargo responsablemente de regar el árbol. El árbol en invierno nos limpia el aire y en el verano nos da sombra. Necesitamos cuidar los pájaros; necesitamos cuidar la flora, la fauna de la cuenca y entender que es un sistema complejo, que lo afectamos día a día pero que también podemos proteger día a día y en eso estamos trabajando", añadió la intendenta.
La autoridad metropolitana también anunció que en un futuro próximo, el 100% de las basuras de Santiago estará puesto en rellenos sanitarios y de los "cuales se extraerá el gas que nos hace falta" y para fines del próximo año todas las aguas servidas de Santiago van a estar limpias, algo que era impensado hace 20 años. "Son pasos que vamos dando. Tendrá que llegar el día en que reciclemos la basura; tendrá que llegar el día y esperamos que lo antes posible en la medida que tengamos gas, que volvamos a tener un aire cada vez más limpio en la ciudad de Santiago. Esa es la apuesta. Tenemos que tener un Transantiago funcionando bien, con buses de última generación para contaminar menos la ciudad. Para competir con el automóvil, y tenemos que tener la industria en la Región Metropolitana alimentándose con gas natural, menos contaminante que el petróleo al cual hemos tenido que volver", señaló la intendenta en un discurso en la ceremonia que tuvo lugar en la Plaza de la Constitución.
Estos anuncios fueron realizados en el marco de la celebración de 153 profesores de cinco comunas de la capital que se capacitaron en talleres para que enseñen a los educandos a darles conciencia de cómo proteger el medio ambiente, que cuiden la flora, amen los árboles, en una iniciativa de la empresa privada de residuos sólidos KDM, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Región Metropolitana y la Intendencia.
Fuente: La Nación Jueves 25 de octubre de 2007
Etiquetas: calidad de vida, espacio publico, noticias
El drama de los pobladores contaminados con desechos tóxicos en Arica
En 1992, decenas de familias llegaron a vivir a las poblaciones Cerro Chuño y Los Industriales en Arica. Sin saberlo, fueron tragando un polvillo maloliente acumulado en toneladas cerca de sus casas. Después de sufrir vómitos, trastornos de aprendizaje e incluso la muerte, en junio se anotaron una victoria: una demanda contra el Estado por construir viviendas sociales sobre plomo, cadmio, zinc, mercurio, cobre y arsénico. Pero para ellos la plata no basta. Una historia de abuso, humillación y pobreza.
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Por Alejandra Carmona
"Yo tengo la culpa, todo es mi culpa!", grita Débora. Esperanzada, clava la vista una y otra vez en la nómina de beneficiados con la indemnización, pero nada. No hay ningún párrafo para su hijo José Manuel. "¿Por qué se me ocurrió venir a vivir acá?", se pregunta en un largo sollozo y vuelve a escudriñar en la lista con sus ojos profundos, cansados, que más parecen de una mujer de 40 que de 31.
Durante dos años, Débora Arancibia juntó 25 mil pesos para comprar una vivienda progresiva en Los Industriales, a cinco kilómetros del centro de Arica. Llegó a la población en 1992 de la mano de su hijo mayor, Emanuel, y su pareja de entonces. A pesar que sólo les entregaron una vivienda progresiva con una cocina y un baño, rápidamente se fue trazando el sueño de agrandar la casa. Y también hacer crecer la familia.
José Manuel llegó a su vida el 29 de septiembre de 1994. El mismo día que su pareja la dejó, porque no pudo soportar la idea de ser padre del niño.
"Mi hijo nació con la columna abierta, con hidrocefalia y sus pulmones malos. A los pocos años le dio epilepsia. En el hospital me dijeron que era un caso entre mil. Pasé mucho tiempo preguntándome por qué había nacido así, qué había hecho mal. Pero yo era sana, se lo juro. No fumaba ni tomaba", cuenta Débora.
Desde que nació, la vida de José Manuel siempre fue igual. Estuvo postrado en una silla de ruedas, usando pañales, comiendo papillas.
"Yo me arrepiento, me arrepiento de venir acá", repite entre lágrimas Débora, porque está segura que su hijo sufrió por culpa de la contaminación. "Nadie nos va a confirmar eso. Si vamos al hospital público, todos se hacen los lesos. ¡Cómo no, si pertenecen al Ministerio de Salud", reclama con indignación.
Débora está segura que a su hijo José Manuel el plomo se le "metió en el cuerpo" durante el embarazo.
Pocas semanas después de su nacimiento, ella al igual que toda la comunidad de Cerro Chuño y Los Industriales se enteró que vivían cerca de un acopio de metales altamente tóxicos para el organismo. Así comenzaron a explicar el malestar generalizado, los dolores de cabeza, los problemas de aprendizaje de los niños y su lento crecimiento, y también los tumores y cánceres, una relación que ninguna autoridad ha confirmado hasta ahora.
El junio de 2007 y después de un largo litigio, 356 vecinos de ambas poblaciones ganaron una batalla contra el Estado y ocho millones de pesos para cada uno de los afectados.
A pesar de que los medios calificaron de "exitoso" el fallo de la Corte Suprema, existen más de 600 personas que quedaron fuera de la indemnización y otras tantas a las que el dinero no les alcanza para curar los daños. Tienen que comprar un jabón y un shampoo especial de por vida para mitigar los efectos del plomo.
Después de un error de nombres en la lista, Débora esperaba que José Manuel viniera en la nómina final. Aunque buscó con máximo sigilo, no lo encontró. A ella de nada le sirve la plata. "Era sólo en su nombre, una forma de hacer justicia. Mi niño murió en noviembre del año pasado y la plata no me lo va a traer de vuelta".
Un cerro de negligencias
Hace cinco años una empresa particular construyó el Cementerio Parque Arica en los faldeos de estas poblaciones. Los vecinos creen que se trata de una coincidencia macabra. "Parece que lo hubieran hecho para nosotros, porque muchos de nuestros muertos van a parar allá", dice Erika Cepeda, tía de Vladimir Segovia, un niño de nueve años que murió por culpa de un tumor cerebral.
Las vidas de estos pobladores están llenas de coincidencias macabras, desde que construyeron estas casas, cuando las autoridades de la dictadura no informaron que habían autorizado a la empresa chilena Promel a almacenar desechos tóxicos que recibía de la compañía sueca Boliden Metal AB. En total se internaron, entre 1984 y 1985, 20.901 toneladas de tóxicos, todas ellas en el llamado terreno "F", donde ahora se levantará un parque recreativo.
De acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema, el Servicio de Salud de la entonces Región de Tarapacá conocía perfectamente la existencia de este acopio desde 1984 y en antes de 1997 nunca hizo nada por salvar la vida de los pobladores, que producto de los contaminantes sufrieron "caída del cabello, desmayos, vómitos, diarreas, mareos, dolor de cabeza, erupciones en la piel, problemas mentales, etc.", señala la sentencia, que además admite un daño moral que debía ser compensado.
La demanda ganada por las familias en contra del Estado, también señala que la empresa Promel debe hacer un saneamiento del lugar, aunque ésta sólo exista en el papel y ya no esté funcionando (ver recuadro).
Erika Cepeda cree que la negligencia del organismo que debió protegerlos se debe a su pobreza. "Hemos sido humillados y maltratados. ¡Yo viví con Vladimir sus últimos momentos y estos recuerdos no se los doy a nadie! Era un niño sano y de la noche a la mañana apareció con un tumor en su cabecita. Estuvo una semana agonizando y lo tenía que inyectar", cuenta en un hilo de voz.
En 1998, y luego de ser alertados por una ONG que trabaja con los pobladores, el Servicio de Salud tomó 538 muestras de plomo y 620 de arsénico. A esto se sumó un plan de atención médica y siconeurológica a 300 niños. Éste incluía una derivación al Hospital Juan Noé. "Sin embargo hubo una cantidad importante de niños que no concurrió a los controles y el seguimiento fue menor al 30% de los casos", dice María Carolina Asela, directora el Servicio de Salud de la Región de Arica y Parinacota.
A pesar de los malestares que sufrió después de este episodio, la sangre de Vladimir no evidenció plomo. "Nos preocupamos por él, fuimos al control, pero él no fue llamado a hacer el seguimiento y lo dieron de alta. Pensamos que ya estaba sano", cuenta Erika.
Después del primer muestreo masivo, las autoridades de Salud hicieron una segunda prueba en 2000. Entonces los resultados demostraron que había 131 personas afectadas: 11 adultos y 120 niños.
Se considera intoxicación por plomo cuando la concentración en la sangre supera los 10 microgramos por decilitro. Es moderada cuando el rango se sitúa entre los 20 y 44 g/dl y severa cuando éste está por sobre los 45 g/dl. "Los niños que vimos se encontraban entre los 10 y 34 g/dl. No había ningún niño con intoxicación severa y sólo seis estaban en una situación moderada", confirma Asela.
Sin embargo, de los seis metales presentes según la sentencia en los cerros de acopio en las poblaciones, el único agente contaminante medido por las autoridades fue el plomo, que causa problemas conductuales, de crecimiento y de aprendizaje. Nada se sabe acerca del cadmio, zinc, mercurio, cobre y arsénico, también presentes.
"Si no fue el plomo, entonces ¿qué fue?", pregunta Erika. "Nadie nos dice nada".
Su sobrino Vladimir es uno de los primeros nombres que se asoman en la nómina de indemnizados por el Estado. Pero nunca supo de los ocho millones. Fue sepultado en el Cementerio Parque Arica, a los pies del cerro, en mayo de 2003.
NO HAY RESPUESTAS
Jorge Portilla cumple 17 años en octubre. No llora, aunque siente que es injusta la falla renal que no lo deja vivir como un joven normal. Él es el hombre de la familia y el único de los tres hijos de la señora Ruth Guzmán, que aún permanece junto a ella. Nació con mielomeningocele e hidrocefalia, un par de años antes de ocupar la casa que habitan actualmente en Cerro Chuño. "Él no está en la demanda, pero es claro que las complicaciones han aumentado con venir a vivir acá", dice su madre, quien cree que de a poco se han ido sumando más enfermedades en el cuerpo de Jorge: "Tiene problemas en la vejiga, en los riñones, los pies se le ponen morados, también se le han tapado las venitas", enumera Ruth.
Al igual que Jorge, muchos niños no están en la demanda porque no pudieron acreditar niveles dañinos de plomo en la sangre.
Marjorie Castillo, de Cerro Chuño, dice con indignación que las autoridades no le han tomado el peso a su situación. "Mi hijo tiene problemas graves de conducta, de aprendizaje, pero de lo que más sufre es de problemas respiratorios. Me di cuenta de esto cuando él tenía como dos años. Fue entonces cuando empezó con sudoraciones en la noche, ahogos tremendos, además de vómitos. La prueba de plomo arrojó 37 g/dl", cuenta Marjorie. "¡Lo único que quiero es irme de acá. ¿Por qué se ríen de nosotros? Todos se han reído, autoridades, políticos. Apenas supe de la contaminación fui al Serviu a pedir que me dieran otra casa, pero no. Eso es lo que deberían hacer movernos de aquí", dice llorando.
En Cerro Chuño y Los Industriales las familias afectadas siempre lloran. "Es que nosotros sentimos que fue como pagar un hoyo de un cementerio, no una casa. Imagínese juntar peso a peso para esto, para que nos dieran un lugar donde morirnos", dice una vecina. Formaron una agrupación por el cuidado del medio ambiente y alguna vez pintaron murales en la población, en los que todavía se pueden leer consignas contra la empresa y las autoridades.
"Sin duda que la indemnización fue un triunfo, porque el 60% de los demandantes tiene a más de un familiar en la lista de los favorecidos, pero entiendo la rabia de la gente, porque la mayoría de ellos están enfermos para siempre. Estos elementos se alojan en el cuerpo y no salen más", afirma Fernando Dougnac, abogado de las familias. A pesar de su satisfacción por el fallo, no esconde su preocupación por la contaminación: "El Gobierno tapó con cemento el sector donde estaban los residuos, pero esto quedó en las casas, porque muchos pobladores nivelaron sus terrenos con este polvo". "Además, eso puede estar pegado en la estructura de las casas, en los techos y eso no se ha limpiado. Desde que estamos aquí han muerto más de 20 niños", asegura Silvia Encina, dirigenta de Los Industriales. Fernando Dougnac cree que las autoridades deben hacer "un estudio más serio, también en las paredes de las viviendas".
EL FUTURO
Sebastián Gallardo tiene 14 años y nunca quiere jugar fútbol vestido con la camiseta de la "U". Es su equipo favorito, pero desde hace cinco años esconde los estallidos involuntarios de su cuerpo. Cada cierto tiempo le aparecen unas ampollas feas en las manos, los dedos de los pies y los codos, que lo avergüenzan. "Es como si el cuerpo se le reventara", dice su madre, Alejandra Collado. Mide 1,58 y pesa 45 kilos. Se irrita con facilidad y tiene bruscas alteraciones en su estado de ánimo. Su madre cree que el plomo no es el único responsable de esto.
El doctor Andrei Tchernitchin, toxicólogo de la Universidad de Chile, se enteró de la situación de estas familias por el Colegio Médico de esa zona. Entonces hizo un muestreo privado en 150 niños que arrojó niveles altos de plomo. "Esto puede derivar en desórdenes conductuales, podemos tener casos de niños agresivos que sean socialmente difíciles de controlar, lo que puede mermar todo el desarrollo de un niño", asegura. El especialista cree que el plomo puede explicar los síntomas que se expresan en la sentencia de la Suprema, pero no el resto de males que sufren los pobladores. "El mercurio puede provocar alteraciones importantes, malformaciones y no hay estudios que nos indiquen en qué grado las familias se vieron expuestas a este elemento", cierra Tchernitchin.
A la carencia de investigaciones que señalan los especialistas, el obispo de Arica, Héctor Vargas, suma consideraciones morales: "El Estado no se comportó como debió. Esperó un fallo judicial cuando las consecuencias de la contaminación estaban a la vista. Hay una deuda moral y social tremenda. Tenemos que hacernos cargo de esa deuda y mitigarla a través de la vivienda, la salud y la educación", dice enfático.
El Servicio de Salud inició este año una nueva campaña para continuar el seguimiento de 120 niños más. "Además, iniciamos una serie de reuniones vecinales, se formó una mesa de trabajo y definimos las actividades a realizar. Se trata de una evaluación integral. Sé que ha habido problemas comunicacionales, pero se han hecho dos muestras importantes y ahora retomamos el seguimiento", dice María Carolina Asela.
El seremi de Salud de la región, Antonio Marino, suma más datos: "Promel ingresó residuos tóxicos al llamado sitio F, en el cual está la problemática por todos conocida. Éste fue limpiado y están siendo monitoreados todos los alrededores. Estudios encargados a la Universidad de Chile dicen que no hay contaminación en todo el sector. En materia medioambiental, el lugar está en perfectas condiciones", asegura.
Sin embargo, las familias afectadas insisten en que aún es poco. "El sueño de la casa propia me cambió la vida. Yo lo único que quería era tener una casa", dice Débora sentada en la cama que fue de su hijo José Manuel. No se separa de una foto que carga adonde quiera que vaya. "Yo soy cristiana, pero se tuvo que morir un niño, mi niño, porque mucha gente no supo hacer su trabajo. ¡Por qué no se fueron ellos, los responsables!", grita. "A mí no me hablen de indemnización moral".
Fuente: La Nación Domingo 23 de septiembre de 2007
Etiquetas: calidad de vida, noticias
Santiago es un 30% más cara que Talca, la ciudad más barata de Chile
En Talca, la vida se hace más económica que en otras zonas del país. Un estudio del Centro de Investigación en Empresas y Negocios (Cien), de la Universidad del Desarrollo, concluyó que en la capital de la Región del Maule el costo de vida para un ejecutivo -que consume productos más caros que el promedio- es el más barato en una muestra de 13 ciudades, gracias a los menores precios en áreas como la educación, el transporte y la vivienda.
La ciudad desplazó a Copiapó, que ahora quedó penúltima en este ranking.
La urbe más cara del país, según este informe, es la capital de Chile: Santiago.
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Eduardo Olivares
Santiago es la ciudad con el costo de vida más alto de todo el país, dice un estudio elaborado por el Centro de Investigación en Empresas y Negocios, de la Universidad del Desarrollo. Y es 30% más cara que Talca, que se alzó como la urbe con los menores niveles de precios.
Para obtener los resultados, se calcularon los precios de productos en alimentación, aseo, comunicaciones, cuidado personal, enseñanza, entretención, transporte, vestuario y vivienda, en noviembre de 2006.
De acuerdo con el Índice de Costo de Vida en ciudades en su versión 2007, que mide los productos y servicios que consume un ejecutivo de altos ingresos, Santiago se mantiene por quinto año consecutivo como la ciudad con el mayor costo de vida de todo el país.
Los productos
Los investigadores pusieron a Santiago como base 100, y en relación con eso se desplegó el resto. En el segundo lugar de las más caras quedó Punta Arenas, y tercera, Antofagasta. Las capitales de las regiones XII y II se han intercambiado esos mismos lugares en los últimos tres años.
En cuarto lugar aparecen Viña del Mar-Valparaíso, zona que se ha ido encareciendo progresivamente en los últimos años, destacan los investigadores. En el índice del 2004, esa zona estaba ubicada en el sexto puesto.
En la mayoría de los rankings de costo de vida en ciudades que elabora la Universidad del Desarrollo a partir del 2003, Copiapó figura como la urbe con los valores más baratos. No en 2007.
Fue desplazada por Talca, que por primera vez fue incluida en esta muestra.
En la capital del Maule, los bienes y servicios ligados a la educación, entretención y vestuario están entre los más económicos del país.
Según el informe, existen también amplias diferencias de precios entre una ciudad y otra, según el producto.
Por ejemplo, un kilo de pan costó -al momento de hacer la encuesta- $737 en Iquique, versus los $508 en La Serena.
Otro caso: un kilo de carne de vacuno costó $7.090 en Santiago, y $4.732 en Coihaique.
Las más baratas
TALCA
Es la ciudad con el costo más barato gracias a los bajos precios de los alimentos y bebidas; en enseñanza, transporte y vivienda. Es la primera vez que aparece en el ranking.
COPIAPÓ
En enseñanza los costos están a la mitad que en Santiago, y también son muy menores en vestuario y alimentos y bebidas. En comunicaciones, sin embargo, aparece como más cara.
Las más caras
SANTIAGO
Los grupos de canastas que ubican a Santiago como la más cara son la enseñanza (matrícula y pago mensual de educación básica, media y superior), el vestuario y la vivienda.
PUNTA ARENAS
El grupo vivienda, que incluye arriendo y tarifas de luz y agua, es 20% más barato que en Santiago. Pero el aseo de vivienda es 4% mayor que en la capital del país.
Fuente: El Mercurio Lunes 27 de agosto de 2007
Etiquetas: calidad de vida, costo de vida, noticias
Corrupción inmobiliaria
Un antiguo diario de tiraje nacional publicó la carta “Modernización de Santiago”, del cientista político Carlos Huneeus, en donde éste critica con razón la alianza de grupos económicos interesados en lucrar irrespetando la calidad de vida de los ciudadanos sin voz ni capital. Las emprende con sólidos argumentos en contra de las inmobiliarias, constructoras, concesionarias de autopistas e industria automotriz, porque quienes asumen los costos del crecimiento ilimitado en esta cuenca ya saturada son aquellos lejanos a las cúpulas del poder, es decir, la mayoría de los chilenos.
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por Patricio Herman*
Ahora bien, con ocasión de un ataque que estaba recibiendo el año pasado la Contraloría General de la República por parte de la industria inmobiliaria, porque el organismo fiscalizador estaba dejando sin efecto unos permisos urbanísticos otorgados livianamente por distintas direcciones de obras municipales, una treintena de organizaciones civiles que integran la “Coordinadora Pro Derechos Urbanos”, una de las cuales es la nuestra, le hicimos llegar a la presidenta Michelle Bachelet un completo documento descriptivo de la situación que se estaba viviendo entonces.
La primera mandataria nos respondió que la materia sería abordada por la ministra Paulina Veloso, con quien mantuvimos un prolongado y áspero intercambio epistolar sobre el rol de la Contraloría y sobre algunos fallos de los tribunales superiores de justicia que invalidaron, sin motivo legal, los sólidos dictámenes de aquella. La ministra apoyaba el proceder judicial y nosotros que conocemos muy bien las artimañas que se utilizan en Chile para obtener beneficios al margen del marco legal, la contradecíamos solicitándole una entrevista para fundamentar nuestros dichos. No fue posible conversar con ella porque la apretada agenda ministerial no está abierta para quienes están dispuestos a expresar sin temor lo que saben. La ministra, suponemos, no quiso escuchar cosas que posiblemente sabía, pero que, en función de la tranquilidad institucional era mejor tolerar. En todo caso le reconocemos a la ministra su voluntad para responder los cuestionamientos que le hacíamos al Gobierno por ser tan sumiso ante uno de los más influyentes poderes fácticos, es decir, el inmobiliario.
Desde que se creó nuestro grupo nos hemos involucrado en unos 250 casos de abierta corrupción en el ámbito que conocemos y para avalar los dichos de Huneeus, recordaremos en esta ocasión algunos verdaderamente grotescos, no solo por sus características, sino también por sus desenlaces, ya que hay que reconocerlo, estamos viviendo en el reino de los hechos irregulares consumados en donde la impunidad está garantizada por el Estado.
Dieciocho (18) torres en el Parque Las Américas, en Vitacura
En el año 1988, antes del plebiscito que perdió el gobierno dictatorial de Pinochet, se desafectaron 5 hectáreas del área verde riberana al río Mapocho, que formaban parte del proyectado Parque Las Américas y para ello se publicó en el Diario Oficial un Plan Seccional con normas urbanísticas muy acotadas para respetar el entorno y así fue como se permitía en ese terreno solo la construcción de viviendas de hasta 2 pisos y en ciertos sectores minoritarios edificios con alturas máximas de 4 pisos. Es decir, estamos hablando de densidad habitacional baja, lo cual era de toda lógica, tratándose de un cambio de uso de suelo en un parque en zona residencial de viviendas unifamiliares.
Y así fue como se vendió ese terreno fiscal a 2 grupos económicos que lo tuvieron en engorda hasta el año 2000, fecha en que obtuvieron un permiso de edificación por 18 torres de entre 15 y 24 pisos de altura (sic). Dado que los vecinos conocían las reglas del juego, denunciaron la ilegalidad ante el Seremi de Vivienda y Urbanismo quien, después de mucho pensarlo y calcular, emitió un documento en donde, reconociendo la ilegalidad del permiso, le espetó eufemísticamente al Director de Obras de Vitacura que “procediera en consecuencia” y como éste no entendió aquello no hizo nada y las empresas inmobiliarias, una de ellas presidida por un ex ministro de Vivienda, sin darse por aludidas, iniciaron las obras.
Ante este despropósito, el caso fue llevado a la Contraloría General, la que dictaminó 5 causales de ilegalidad, pero un Sub Contralor de la época, hoy jubilado, firmante del dictamen, optó por desentenderse de las ilegalidades porque ello significaría que las empresas replicarían en contra de la municipalidad exigiendo mucha plata por los daños ocasionados por el permiso viciado, lo que sería riesgoso para las finanzas municipales. La situación continuó en los tribunales y ya sabemos como se manejan estas cosas en sede jurisdiccional : las torres no permitidas por la regulación urbanística gozan de buena salud y están plenamente habitadas.
Ardiles aritméticos para construir más de lo permitido
La reglamentación sectorial considera la figura de los “Conjuntos Armónicos” que son edificios que se emplazan en terrenos grandes y que enfrentan vialidades anchas y cuando los proyectos califican para ser considerados como tales obtienen beneficios de hasta un 50% en la constructibilidad. También cuando se fusionan los predios, los titulares de los negocios obtienen el beneficio de mayor densidad aumentando el coeficiente de constructibilidad que tiene ese predio en un 30% y para obtenerlo, muchos subdividen sus terrenos y después los fusionan, lo que es muy simple. Cuando existe acumulación de beneficios de constructibilidad, deben ser sumados esos porcentajes y posteriormente aplicados. Por ejemplo : 50% + 30% da un total de 80% y si se aplica a una construcción que el Plan Regulador Comunal le permite de 10.000 m2 podrá construir hasta 18.000 m2.
Pero los pillines hacen lo siguiente con el mismo ejemplo : A los 10.000 m2 iniciales se les aplica el 50% para obtener un subtotal edificable de 15.000 m2 y con posterioridad a esa cifra se le aplica el otro beneficio de 30%, obteniéndose de esta manera irregular un total de 19.500 m2 y así, bajo cuerdas, se ganan un 15% más de constructibilidad. Imaginémonos que en una comuna determinada que tiene normas para construir al año unos 50.000 m2 en edificios que pueden aumentar su constructibilidad, con este cálculo mentiroso se construyen adicionalmente 7.500 m2, los que son caídos del cielo. Es decir, estamos hablando de una equivalencia a unos cuantos edificios medianos que aumentan fraudulentamente la densidad habitacional en las comunas. Si el Minvu no conoce esta artimaña, sería interesante que tome cartas en el asunto, impartiendo las instrucciones de rigor, para terminar con estos cálculos dadivosos que permiten aumentar las ganancias privadas de las inmobiliarias a costa de una mayor densificación irregular.
Torres con refinadas terminaciones que son “viviendas sociales”
Desde hace unos años, al amparo de un subsidio de “Renovación Urbana”, que nosotros llamamos “Deterioro Urbano”, se están construyendo en la comuna de Santiago centenas de torres de diminutos departamentos, cuales colmenas, que se utilizan para distintas actividades, incluyendo la habitacional y para no hacer los necesarios estacionamientos para sus residentes, se ha inventado la ficción de que esas unidades son “viviendas sociales” porque a las verdaderas, que ocupan los más pobres que carecen de automóviles, la legislación obviamente no les exige la construcción de estacionamientos.
Las “viviendas sociales” auténticas, que utilizan materiales de regular calidad para abajo, recordemos las conocidas Copeva, tienen valores unitarios de UF 400 y cuando forman parte de condominios valen UF 520. Las que se venden en esa comuna bajo el rótulo de “viviendas sociales” pero con terminaciones de buena calidad, tienen valores que van desde las UF 800 hasta UF 2.000. Algunos de estos edificios cuentan con piscinas, gimnasios y otros aderezos que el mercado demanda. Sabemos que el Director de Obras de esa comuna se ha visto obligado a certificar que tales departamentos son “viviendas sociales” porque el Minvu, servicio público que tiene la obligación de hacer respetar la ley, lo ha obligado a proceder de manera mendaz. Recordemos que con esta “picardía chilensis” los compradores están exentos de pagar el impuesto de la Ley de Timbres y Estampillas, con lo cual se perjudica la caja fiscal.
Como broche de oro recordemos que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C.) dispone que el Director de Obras Municipales debe certificar el carácter de vivienda social de una construcción, procediendo a tasarla conforme a las tablas de valores unitarios elaboradas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, “de acuerdo con las tablas de valores bases de construcción utilizadas por el Servicio de Impuestos Internos, excluyendo los factores relativos a la clasificación comunal”. Y aunque el lector se muestre incrédulo, le informamos que las tablas de valores unitarios de construcción contenidas en la última Resolución Exenta del Minvu es muy distinta a las tablas definidas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), con lo cual ese ministerio pasa por alto lo establecido en su propia O.G.U.C.
La tabla respectiva del Minvu, que incluso mal utilizan algunas municipalidades díscolas, para que sus clientes habituales paguen aún menos derechos municipales por los permisos, contiene valores muy por debajo de las cifras reales, lo cual es demostrativo que, mientras el SII trabaja con objetividad, el Minvu lo hace con un criterio que sólo busca reducirle los costos al negocio inmobiliario.
Permisos de edificación con normas urbanísticas derogadas
En Las Condes se han otorgado unos treinta y tantos permisos para edificar en altura con normas permisivas derogadas en Diciembre de 2003, fecha en que se limitó a los 15 pisos la altura máxima. Para pasar el gato por liebre y consentir las torres de 30 pisos se inventó una maniobra interpretativa para flexibilizar el marco regulatorio cuando se producen cambios restrictivos en los instrumentos locales de planificación urbana. En efecto, la regulación permite conservar en los permisos de edificación las normas urbanísticas contenidas en los permisos de anteproyectos hasta por un año. Pero el Minvu pretende aumentar ese plazo con un burdo resquicio que lo consideramos atentatorio a la mediana inteligencia.
Por otro lado y en la misma línea descriptiva, la Dirección de Obras viola la O.G.U.C. que obliga a autorizar los permisos de anteproyectos en fechas topes de 15 días, si la documentación presentada es la correcta y 60 días, cuando las observaciones formuladas por aquella son resueltas por el inmobiliario. Si esto no acontece, esa autoridad municipal debe rechazar la solicitud de permiso, lo que no hace para que el titular del proyecto gane tiempo. El Minvu, para no ser menos, también inventó una bufonada para ampliar artificialmente esos plazos con la idea de otorgarle poder de decisión a los solicitantes de permisos. En todo caso estas arbitrarias diabluras cometidas por personas investidas de poder no tienen ningún valor, pues cuando las leyes son claras nadie puede interpretarlas a su antojo.
Tres (3) modernas torres en zona de Conservación Histórica
En Valparaíso, el conocido caso de las “Torres del Almendral”, una de las cuales ya está en terminaciones se ubican en el plan de la ciudad, en el sector que abarca el territorio entre la Plaza Victoria y la Avenida Argentina, en plena platea del anfiteatro. La primera, de 22 pisos, se sitúa en la esquina de las avenidas Brasil y Francia y será recibida próximamente. Las segundas dos torres de 26 pisos c/u se pretenden edificar en el terreno que siempre ha ocupado el patrimonial edificio de la empresa Chiletabacos, declarado por la Municipalidad porteña en Marzo de 2006 como Inmueble de Conservación Histórica. Este edificio de valor arquitectónico y urbanístico, vendido por esa empresa inglesa a un tercero, ocupa casi todo el paño conformado por las calles Colón, Hontaneda y Van Buren, inmediatamente al lado del famoso hospital del mismo nombre.
Las solicitudes de permisos de anteproyectos de las mencionadas 2 torres ingresan a la municipalidad el día anterior al que se inicia el congelamiento de los permisos de edificación en altura para ese sector, ya que la idea era protegerlo como así también resguardar la vista al mar desde los cerros. En un fast track inédito en Chile, la Dirección de Obras otorga en algunas horas 52 certificados de informaciones previas, requisito para iniciar la tramitación de los permisos, saltándose los procedimientos administrativos ordenados por la Ley. Se tramitan los anteproyectos durante la postergación, con carpetas incompletas (patente del profesional patrocinante vencida, entre otros), en el plazo de 3 meses y medio, justo cuando la prórroga de la postergación estaba vigente. Pero ocurrió que tal prórroga, por adolecer de un vicio administrativo, fue dejada sin efecto casi tres años después (sic). El “error” detectado se refiere a que se publicó en el Diario Oficial un decreto alcaldicio en lugar de la resolución de la Seremi Minvu V región y los responsables del “error” pasan piola.
Con anteproyectos aprobados, la inmobiliaria ingresa 2 semanas antes que se cumpliera el año de vigencia de los anteriores las solicitudes para los permisos de edificación, los que se otorgaron 2 meses después de la caducidad de los anteproyectos, es decir, al margen de nuestro ordenamiento legal. (*)
Conclusión
Hemos relatado algunas situaciones demostrativas del desorden en que nos desenvolvemos y en tal sentido, dado que estamos hablando de negocios que superan los mil millones de dólares, con exclusivo ánimo de transparentar las actuaciones de algunos, daremos a conocer en fecha venidera un mapa de la extrema corrupción, indicando los nombres de las empresas que se están beneficiando con la lenidad pública, aunque también sabemos que ello será un saludo a la bandera, ya que las instituciones se niegan a funcionar dando pábulo a la impunidad. Violar la ley en Chile tiene costo cero y por ello se ha generalizado en este sector de la economía un ambiente de oportunismo y perversión. Ante esta realidad, los diputados fiscalizadores de ambos lados han preferido quedarse mudos.
(*) revisar artículos 3.1.4. y 1.4.11. de la O.G.U.C.
Patricio Herman P. Fundación “Defendamos la Ciudad”
Fuente: El Mostrador 6 de Agosto del 2007
Etiquetas: calidad de la vivienda, calidad de vida, mercado inmobiliario, noticias
Viviendas sociales vendrán con seguridad incluida
Las nuevas viviendas sociales deberían considerar iluminación y espacios públicos que permitan la integración comunitaria.
Por primera vez el concepto de seguridad se instala en los nuevos conjuntos habitacionales, ya no sólo destinados a terminar con el déficit de casas, sino también a entregar una mejor calidad de vida. Por ello, el convenio firmado entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Interior es fundamental en la materia.
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por Dalia Rojas
“La idea es que los nuevos conjuntos habitacionales sean construidos en espacios urbanos seguros, y que este aspecto también se trabaje en el programa “Quiero mi barrio”, en doscientos barrios que se van a recuperar a lo largo del país”, explica la secretaria ejecutiva del programa “Quiero mi barrio”, Claudia Pinto.
Intervención territorial, regulación urbana, capacitación a los funcionarios de ambos ministerios -específicamente en mecanismos de prevención- e información a otros actores involucrados en la misma dinámica son los cuatro pilares del convenio, firmado en noviembre del año pasado, y que se enmarca en un trabajo a nivel nacional que está realizando Interior. “El ministerio del interior esta trabajando una estrategia nacional de seguridad pública, y no sólo con el Ministerio de Vivienda, sino también con otros sectores del Gobierno. Debido a la experiencia que tiene en programas como “Comuna Segura” hay muchos puntos en que es posible colaborar mutuamente”, agrega Pinto.
Barrios seguros
Iluminación, espacios públicos que permitan la integración comunitaria de los vecinos y donde haya menos segregación urbana, son algunos de los ítemes a desarrollar en los nuevos barrios. A ello se agrega una mejor localización, con menos viviendas –máximo 150 por proyecto- y que incluyan equipamiento comunitario.
Para ello, Pinto cuenta que Interior capacita permanentemente al equipo de Vivienda en estrategias y metodología de prevención. “En cómo apropiarse de los espacios.
Nos proveen de toda le experiencia de programas de seguridad ciudadana que ellos han realizado y nosotros ponemos la parte más urbana”, dice.
Así se agrega un elemento más a considerar por los propietarios.
Fuente: La Nación Jueves 26 de julio de 2007
Violencia en las poblaciones: La historia detrás de los niños pistoleros
Los "fierros" los compran o arriendan en las ferias. "Revientan" las casas de sus enemigos. Y "se pitean" al que los reventó. Sus enemigos viven a la vuelta de la esquina y -mientras los "paparazean"- no hacen nada más que "consumir" pasta o "meter ficha" en las máquinas de azar. De la escuela, ni hablar. La mayoría desertó o fue expulsado. Sus padres, también.
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por Claudia Guzmán
La población Santo Tomás está llena de paparazzi. No son fotógrafos de farándula. Son Los Guarenes, Los Phillip, Los Bomba Azul, Los Suicidas o Los De Repente. Son bandas de niños que con pistolas y escopetas, automáticas o hechizas, aguardan vigilantes a que un miembro de la banda rival se atreva a invadir su territorio.
El pasado 19 de abril, Alexis Flandes se atrevió. Se puso a "meter ficha" en la máquina de un almacén del pasaje Pablo VI y, por tercera vez, alguien lo baleó. Fue fatal. El joven de 16 años murió al recibir siete impactos de bala, que se sumaron a los que meses antes lo habían dejado con un testículo menos y serias dificultades para caminar.
¿Quién lo mató? El Vaster o El Bacteria, ambos apodos de un niño de sólo 14 años de edad.
Hoy Vaster está internado en un centro del Sename en la comuna de San Joaquín. Cada miércoles y domingo, su mamá y hermanos lo van a visitar. Su padre ya no irá. El miércoles fue encarcelado luego de que la Fiscalía Sur lo formalizara por una agresión previa al mismo niño que su hijo mató.
Dicen que el Vaster se ve tranquilo. Dejó de fumar los pitos de marihuana o pasta base que compraba en $500 y no quiere pensar en lo que pasó. "El diablo se le metió al cuerpo", cuenta la mamá. Y pide: "Quiero que se quedé ahí. Yo no lo puedo traer de vuelta, ellos lo pueden ayudar".
Los narcos de La Legua se desplazan
La trágica historia de El Flandes y El Vaster es una de tantas que se viven en el sector sur de la capital. El fiscal Pedro Orthusteguy, de la fiscalía de delitos violentos, calcula que cerca del 20% de las causas que le tocan ver incluyen a menores de edad. "Se trata de menores con clara conciencia de que irán a los Tribunales de Familia y de que, posiblemente, se les absolverá", admite.
En sus casi dos años de gestión ha visto un incremento en la criminalidad. Particularmente en la comuna de La Pintana, sector en el que junto a Investigaciones trabaja un mapa de pandillas para combatir el alza de los delitos como el homicidio, cuyas denuncias subieron de 4 en 2004, a 9 en 2005 y a 13 en 2006.
Esos años son claves. Lo dice el alcalde de la comuna, Jaime Pavez. "El alza de los delitos viene aparejado del alza en el consumo de drogas, a niveles que antes no se tenían. El narcotráfico no era un problema. Ahora sí. Porque el desplazamiento de personas de La Legua, luego de la intervención del Gobierno, los trajo acá", asegura.
Felipe Harboe, subsecretario de Interior, reconoce que la intervención en La Legua produjo un desplazamiento hacia La Pintana, Pedro Aguirre Cerda y Puente Alto. Es por eso que hace tres semanas se reunió con el alcalde Pavez para diseñar un plan de acción. Para prevenir ya tienen carabineros fijos en las postas y haciendo rondas en las ferias libres del sector, pues es ahí donde el alcalde sabe que los menores compran o arriendan los "fierros" con que dispararán. "Aunque también es cierto que las pueden fabricar con dos tubos y un percutor", reconoce Harboe.
Alcalde y subsecretario buscan la forma de intervenir sin estigmatizar. Pero ambos reconocen que la tarea es ardua, pues se trata de una comuna que se pobló a partir de la erradicación de campamentos, desde los años 70, y que llevó a miles de personas a un terreno donde no existían ofertas de trabajo, salud o educación. Así, por ejemplo, llegaron en los años 80, después de las crecidas del Mapocho, Los Guarenes.
Hoy La Pintana se enorgullece de tener más cupos educacionales que los que demanda su población. Pero su ingreso per cápita ($80.000) sigue siendo el más bajo de la región. También tiene serias dificultades de acceso; la mayoría de quienes trabajan lo hacen en el mismo sector y, con eso, aumentan el hacinamiento de una comuna donde las casas de más de 18 metros cuadrados son la excepción.
"Durante 30 años, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha hecho viviendas, pero no urbanismo", denuncia Pavez. "La ciudad se deshizo de ellos, los dejó acá", añade.
Y Harboe concuerda en que el planeamiento urbano es un eje central en la Estrategia Nacional de Seguridad: "Una alta densidad poblacional genera problemas de convivencia que, en un 80% se traduce en violencia y, de ese porcentaje, un 40% se traduce en delito. ¿Y dónde se focaliza éste? En los jóvenes que viven la desesperanza. Es una cadena que hay que romper".
Es por eso que fiscal, alcalde, subsecretario y cientos de vecinos de La Pintana tienen sus ojos puestos en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que, por estos días, amenaza con abortar.
Habla la madre de un niño asesino: "A mi hijo lo discriminaron"
En el Pasaje El Pehuén, en la Población Santo Tomás de La Pintana, vive Margarita Pedrero, madre del niño de 14 años que mató a otro de 16. Atiende detrás de la reja y desconfía de cada persona que ve.
"A mí me han reventado la casa muchas veces. Y esta casa es lo único que tengo. Por eso el Vaster salió a buscar al Flandes, porque el día antes me habían balaceado la casa y me habían tirado una molotov".
"El Vaster lo salió a buscar. Y lo encontró".
"Cuando llegó la policía a buscarlo, no lo podía creer. Estaba sola con mi marido, después llegó él. Hablamos, le dijimos que era grave, que lo iban a ayudar, y se entregó".
"Al rato me volvieron a balacear, mire los hoyos. También tiraron tres molotov en el techo. Si no es por los carabineros, hubiera perdido todo".
"El Vaster fue. Yo sé que fue él. Él lo mató y también le disparó la otra vez. Acusan a mi marido, porque el Vaster es menor de edad y saben que no lo pueden tocar. Pero él fue... No sé qué le pasó por la cabeza".
"El problema es que al Vaster me lo discriminaron. Estuvo en la escuela Los Pensamientos, de La Granja, y en la escuela Cardenal Caro. De los dos lados lo sacaron porque tenía problemas de aprendizaje y les contestaba a los profesores. Me dijeron que lo llevara al psicólogo, pero ellos lo tenían que ayudar. Fui hasta el Ministerio de Educación, pero me dijeron que no podían hacer nada con los colegios católicos. Ellos me lo discriminaron. Perdió la escuela. Llegó hasta sexto".
"Yo tengo seis hijos más de mi primer matrimonio. Cuatro hombres y dos lolas. Lamentablemente tengo tres hijos adictos. El mayor tiene papeles del hospital, él es enfermo de la pasta base. Ellos tampoco pudieron terminar de estudiar. ¿Mis lolas? Llegaron hasta segundo medio porque fueron mamás a temprana edad".
"Yo terminé la básica completa y tengo mis papeles de antecedentes limpios. Mi marido también, porque se los limpió. Hace años delinquió, pero estuvo 12 años yendo al Patronato de Reos a firmar. Yo lo acompañé, hicimos un montón de talleres. Pero lo que él quería no era hacer talleres, él quería tener un permiso para poder trabajar como vendedor".
Bandas de la Santo Tomás: Todo empezó por un volantín
Dicen los vecinos de la Santo Tomás que la rivalidad que terminó con la muerte de El Flandes (16) a manos de El Vaster (14) es porque uno es Phillip y el otro Guarén. El conflicto entre los dos grupos nació por la disputa de un volantín en agosto de 2000. Unos niños peleaban, los grandes se unieron y Eduardo Pizarro Pizarro -padre de los 10 hermanos que integrarían la banda Los Phillip- recibió un escopetazo fatal. Dicen que el autor del disparo huyó de la población después de que "reventaron" a balazos su hogar. Indican que el papá de El Vaster lo ayudó. Por eso, el resentimiento es total.
La guerra con el menor quedó declarada en agosto de 2006, cuando El Vaster y Ricardo Phillip Pizarro perpetraron juntos un robo con intimidación. No es raro, porque Los Phillip y Los Guarenes se suelen unir para delinquir. De hecho, la semana pasada una banda de dos guarenes y dos phillips quedó en prisión por asaltar un camión repartidor.
Fue en la 41ª Comisaría de La Pintana donde se selló el distanciamiento final de 2006. Ricardo Phillip quiso hacerse pasar por menor de edad y, según él, El Vaster "lo sapeó". A sus 19 años, quería pasar a los Tribunales de Familia y, tal como El Vaster, terminar absuelto por inimputabilidad.
Aunque actualmente hay cinco supuestos miembros de cada banda en prisión -incluido Carlos Guajardo, padre de Vaster-, la población Santo Tomás no descansa.
Mientras Investigaciones trabaja un mapa de las bandas del sector, los buses de acercamiento del Transantiago siguen sin entrar, los vecinos continúan comprando a almaceneros que atienden detrás de rejas y el Liceo Profesora Aurelia Rojas -ubicado a una cuadra de la balacera fatal- sigue terminando sus clases nocturnas media hora antes y recibiendo a adolescentes que son llevados por sus padres, como medida de protección. Piden más rondas policiales por los pasajes y un policía de punto fijo a la hora del tránsito escolar. Esperan que así los niños de tercero básico dejen ocupar los recreos para jugar a matarse por ser Phillip o ser Guarén.
Fuente: El Mercurio Domingo 13 de mayo de 2007
Etiquetas: calidad de vida, seguridad residencial, violencia