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Impulsarán una implementación gradual del proyecto que regulará unos 20 mil ascensores en el país

flickr.com / citizen_poeta

El Senado aprobó legislar sobre la iniciativa que establece condiciones para garantizar la seguridad de los ascensores y para que exista una adecuada fiscalización.

Mayores certezas sobre la responsabilidad en el mantenimiento y fiscalización de los ascensores incluirán los senadores de la Comisión de Vivienda durante el debate en particular del proyecto que establece condiciones para que estos vehículos regularicen su situación.

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Ello, luego de que el Senado aprobara la idea de legislar de la iniciativa, en segundo trámite, que fija normas de instalación, mantención e inspección de este medio de transporte y que le fijara como plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 28 de abril.

Durante el debate intervinieron los senadores Antonio Horvath y Víctor Perez, presidente e integrante de la Comisión de Vivienda, respectivamente, quienes destacaron la necesidad de fijar un marco legal que garantizará una mayor seguridad para los más de 20 mil ascensores que funcionan en el país.

El senador Horvath aseguró que “aproximadamente la mitad de los ascensores del país, es decir, unos 10 mil se encuentran en condición de ser verificados por su eventual riesgo para las personas”.

Aseguró que la Comisión estableció una serie de condiciones mínimas y para que exista un servicio técnico adecuado que otorgue mayor seguridad a la población que cada vez prefiere optar por las viviendas en altura.

A su vez, el senador Víctor Pérez, dijo que el “el proyecto establece quién es responsable por el mantenimiento y funcionamiento de ascensores tanto en edificios privados como públicos y expresa esa responsabilidad a través de la obtención de certificados de mantenedores que estarán en un registro en el Ministerio de Vivienda”.

Sin embargo, anunció que “es preciso perfeccionar estas normas para que el responsable exclusivo de los ascensores no sean solo los propietarios sino también el administrador del edificio y los profesionales que actúan como empresa de certificación o inscritas en registro”.

Otro aspecto importante es “establecer un periodo de marcha gradual para la implementación de esta reforma, ya que cuando discutimos este tema, los representantes de las empresas de ascensores coincidieron en que hoy no existe ninguna capacidad técnica para garantizar un funcionamiento adecuado y la debida fiscalización”.

NUEVO MARCO LEGAL

Este proyecto establece las condiciones mínimas para la instalación de ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas con el fin de asegurar su funcionamiento en el tiempo.

De acuerdo a estudios de la propia industria, del universo de 20 mil ascensores del país, prácticamente la mitad, es decir unos 10 mil, se encontrarían fuera la de norma y las propias empresas han señalado que son riesgosos y no cuentan con normas para garantizar su seguridad.

Además, un 40% de los ascensores son de tráfico alto, es decir, corresponden a edificios públicos, hospitales, clínicas, edificios corporativos, etc; los que pueden llegar a hacer 1.800 viajes en un sólo día. Es decir, que son más de 250 millones de viajes mensuales, los que se realizan en todos los ascensores de este tipo en el país.

Se calcula que los ascensores trasladan entre 5 y 10 millones de personas al día. Sin embargo, no existe la conciencia de que éste sea un medio de transporte como cualquier otro, pese a que Bomberos, sólo en Santiago, recibe entre 5 y 9 llamadas de rescate, relacionadas con estos aparatos diariamente.

Fuente: Periódico Electrónico Senado - Edición 170 Departamento de Prensa 01/04/2008 Boletín Nº 4975-14

Pobladores estudian demandar al Estado por casas sin agua potable

Viviendas sociales en Azapa

Viernes 22 de diciembre de 2006

Sólo cuatro familias siguen habitando las casas que adquirieron hace dos años y que aún no tienen agua potable. Dirigente ya consiguió asesoría jurídica con abogado de una ONG internacional.

MAURICIO SILVA

ARICA.- Las 45 familias del villorrio de las Llosyas, ubicado 7 kilómetros al este de Arica, ya consiguieron asesoría legal para iniciar demandas contra el Estado por los perjuicios sufridos al recibir viviendas sociales que carecen del servicio de agua potable.

El dirigente de los pobladores, Rodrigo Olivares, planteó que el fisco debe responder por los daños que han sufrido al no poder ocupar las viviendas de las que son dueños desde hace dos años. "Tuvimos que volver a pagar arriendos. No hemos podido ahorrar para ampliar las casas, que son muy pequeñas", señaló.

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Olivares informó también que ya consiguió asesoría jurídica del abogado (Ph.D.) Diego Carrasco, director ejecutivo de una ONG internacional.

Pero hay pobladores que no se rinden. El peón agrícola Francisco Ardiles y su mujer, Rosa Moroso, insisten en vivir ahí, a pesar de que dependen del paso semanal de un camión aljibe municipal y de conexiones hechizas para contar con agua potable.

Las familias desestiman pagar $160 mil para inscribirse en el comité de agua local, que desde agosto puede suministrarles agua, ya que el MOP construyó un bypass al estanque matriz, con lo que se superan las dificultades de presión.

Alegan que la suma es "excesiva" para personas pobres y tampoco aceptan la rebaja a $20 mil a cambio de reducir su representación a un voto en el comité.


Construcción con todo en regla


Viernes 22 de diciembre de 2006

La ministra de Vivienda, Patricia Poblete, especificó ayer que el villorio "Las Llojyas" fue construido con estanque de agua potable y red de agua potable completa, conectada al sistema rural del sector, pero que la mantención del servicio implica pagar la incorporación al respectivo comité, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.

Desde 2003 todos los comités rurales donde el Serviu ha entregado subsidios pagan una cuota que oscila entre 3 y 7 UF. En un primer momento el comité del sector exigió a cada familia 7 UF por vivienda (aproximadamente 120 mil pesos), lo que consideraron excesivo y se negaron a pagar.

El Minvu gestionó una rebaja de la cuota grupal, la que quedó finalmente en $900 mil, lo que significa que cada poblador debe cancelar aproximadamente $20.000, lo que aceptaron pagar; pero ahora se niegan y exigen exención. En forma paralela. el Minvu dispuso recursos para un bypass de 1.000 ml para el estanque de 10 m³ de la población, cuyas casas, según la ministra, se encuentran en perfectas condiciones.

Fuente: www.emol.com