Privados proponen opción por DFL 2 para no ceder 5% de sus inversiones a viviendas sociales.
por CONSTANZA HOLA CHAMY
El proyecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que pide a las inmobiliarias aportar el 5% de sus inversiones a la construcción de viviendas sociales ha generado "ronchas" en la industria, que decidió tomar cartas en el asunto.
El sector inmobiliario envió una carta a la ministra Patricia Poblete donde proponen una alternativa a la medida en conflicto: reducir beneficios del DFL 2 -como la exención al impuesto de renta por arriendos y la rebaja del impuesto de timbres y estampillas en créditos de constructoras- que podrían arrojar un monto similar al que se espera recaudar con el 5% de aporte solidario de suelo.
En la industria consideran este aporte como un impuesto que terminarán pagando los compradores de bienes raíces.
Aún así, hay constructoras y profesionales del rubro que apoyan la medida del Ministerio.
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Privados proponen menos beneficios a DFL 2, antes que 5% a vivienda social
Viviendas sociales en sectores "top" podrían devaluar el precio de los proyectos, alegan privados.
El proyecto impulsado por Vivienda es considerado un impuesto que terminará pagando finalmente quien compre una casa.
Si hubo una frase que se repitió en la presentación que dio Paulina Saball, ministra (s) de Vivienda en un seminario organizado por ACOP, fue "integración social".
Sin embargo, el sector inmobiliario se encuentra preocupado. La cláusula del proyecto de ley que les pide desembolsar un 5% de aporte solidario de suelo para vivienda social no les agrada.
"No hay que sacarle el bulto a la cosa. Es un impuesto más. Y en Chile va a encarecer las viviendas al comprador", comenta Benjamín Paz, director ejecutivo de Inverpaz.
No es el único. El secreto a voces en el sector es que viviendas sociales cercanas a proyectos "top" terminarían devaluando su valor.
Aunque la propia titular de la cartera, Patricia Poblete, explicó que el tema aún está en negociación, el gobierno pretende jugársela. "Nosotros hemos propuesto en el texto que hemos redactado un 5% de cesiones y esa es la base de la conversación", explica la subsecretaria Saball.
Pero no todos están de acuerdo. Hace un tiempo la ministra de Vivienda recibió una carta de parte de algunos desarrolladores inmobiliarios. En ella la entidad le proponía un "plan B": la reducción de algunos beneficios otorgados en el DFL 2. Principalmente reducir la exención de impuesto a la renta de arriendo y retirar la rebaja de timbres y estampillas que hoy gozan las constructoras.
Esto lograría un aporte cercano a lo que se recaudaría con el 5% que busca el Ministerio. Sin embargo, esta opción no soluciona el tema base: la integración.
Actualmente, la propuesta de Vivienda se encuentra varada en la Secretaría General de la Presidencia. Incluso desde el Parlamento hay voces que apuestan porque la ley se mantendrá ahí por un buen tiempo, dado que la discusión parlamentaria sería prácticamente inviable.
¿Ghettos?
Sin embargo, no todos demonizan el 5%. "No lo encuentro tan malo. En este país se han formado ghettos de ricos y ghettos de pobres y eso es bien malo", comenta Víctor Bezanilla, presidente de Besalco.
A favor también está el arquitecto Yves Besançon, socio de Alemparte Barreda y Asociados: "Hay que establecer políticas reales de integración, no tirar a los pobres a terrenos que todos desprecian. Instalar a estas personas dentro de la ciudad".
POLÉMICO APORTE
EL 5% DE SUELO puede ser entregado en la misma obra, comprando el equivalente en la comuna o traspasando a la autoridad el dinero con ese fin.
Fuente: ELMERCURIO.COM Jueves 19 de abril de 2007
Inmobiliarias plantean "plan B" a nuevo impuesto social
Política habitacional de mejoramiento de la calidad e integración social
La nueva política habitacional lanzada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, apunta a disminuir el déficit de viviendas, focalizar el trabajo en las familias que viven en pobreza, garantizar la calidad de las viviendas, mejorar su estándar y los procesos de diseño y construcción, y promover la integración social, procurando soluciones habitacionales insertas en barrios y ciudades.
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La política, que permitirá realizar avances sustantivos en materia habitacional durante los próximos 4 años, apunta específicamente a reducir drásticamente el déficit habitacional del 20% más pobre de la población; aumenta la superficie de las viviendas sociales y asegura su calidad; revierte la segregación social en la ciudad, mejora el stock de casas y barrios existentes, y seguirá ayudando a los sectores medios que necesitan del apoyo del Estado para alcanzar su vivienda propia.
Mejoramiento de viviendas y entornos
Recuperar el patrimonio familiar, deteniendo el deterioro de las viviendas y sus entornos en un esquema participativo, será otro énfasis de la Nueva Política Habitacional. La idea es que esto se logre a través de la recuperación de barrios vulnerables y patrimoniales, como de reparaciones, ampliaciones y mejoramiento de viviendas sociales.
Cien mil subsidios para el mejoramiento de viviendas y entornos serán entregados entre 2007 y 2010. Para mejorar el entorno serán de entre 12 y 16 UF, con 1 UF de ahorro mínimo y 4 UF para asistencia técnica; el subsidio de mejoramiento de la vivienda será de hasta 65 UF, con 3 UF de ahorro mínimo y de 3 a 4 UF para asistencia técnica. Asimismo operará un subsidio para ampliaciones de entre 90 y 116 UF, con un ahorro mínimo de 5 UF y un aporte a la asistencia técnica de 8 UF.
A todo lo anterior se suma el programa que recuperará los 200 barrios más deteriorados y deprimidos socialmente en el país, que ya está en marcha como Vivo mi barrio . En la misma dirección operarán los de Pavimentos Participativos , de Espacios Públicos y de Mejoramiento de Condominios Sociales .
Clase media
En tanto, con un total de 174 mil soluciones en el período 2007 – 2010 contarán las familias de ingresos medios, a través del Sistema de Subsidio Habitacional (DS 40) -que incluye el Subsidio de renovación urbana o interés territorial y el de Rehabilitación Patrimonial y Leasing Habitacional.
Estas propuestas pretenden asegurar la calidad de las viviendas de clase media, incentivando la acreditación y certificación de capacidades técnicas y de materiales; y poner especial cuidado en observar las normas de urbanismo y de construcción.
Medidas para las familias más pobres
Con el objetivo de reducir el déficit habitacional de las familias más pobres, durante el período del actual Gobierno se entregarán 223 mil subsidios a través de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural .
Además, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) garantizará la calidad de las viviendas sociales aumentando su superficie, mejorando su estándar y los procesos de diseño y construcción. En este sentido, se asegurará que éstas tengan un mínimo de dos dormitorios, ampliables a 4, y para ello se aumentará el monto del subsidio en 50 UF promedio.
En materia de calidad, el compromiso es una rigurosa evaluación de los proyectos; la operación de un Programa de Aseguramiento de la Calidad y la regulación de las entidades organizadoras que son las que acompañan a los beneficiarios en la concreción de sus proyectos habitacionales.
Asimismo, tal como la había anunciado la Presidenta el 21 de mayo, se creó un nuevo subsidio pensado en aquellas familias que no califican bajo la línea de pobreza, pero que debido a su fragilidad económica o inestabilidad laboral, tienen dificultades para obtener crédito hipotecario.
Para ellos se creó el " Fondo Solidario de Vivienda II ", que les permitirá obtener una casa sin deuda entregándoles un subsidio de entre 280 y 420 UF, con un ahorro mínimo de 30 UF.
No más poblaciones pobres en la periferia
Esta estrategia, contiene un nuevo subsidio diferenciado a la localización , que asegura que las viviendas sociales no se construyan exclusivamente en la periferia de las ciudades, generando marginalidad social y concentración de pobreza. En tal sentido, este subsidio permite habilitar terrenos "baratos" bien localizados, pero que requieren de mejoramiento del suelo.
Para ser merecedores del subsidio, los terrenos deberán cumplir ciertas condiciones, como estar al interior del área urbana, en sectores consolidados; estar factibilizados; tener acceso a establecimientos educacionales (prebásica y básica), a establecimientos de salud primaria, transporte público y a una vía pública.
Igualmente, los proyectos deberán cumplir estándares mínimos, como no tener más de 150 viviendas; que a lo menos el 60% de los beneficiarios pertenezca a la comuna y que tengan suficiente puntaje en la Ficha de Protección Social.
El objetivo es que este subsidio favorezca la radicación de las familias en sus comunas de origen, y premiará aquellos proyectos de vivienda social bien localizados en sectores urbanizados y dotados de servicios, con lo cual se maximiza el aprovechamiento de todo tipo de redes: de salud, educación y transporte.
El monto de este subsidio se fija según un factor del avalúo fiscal de los terrenos y la densidad del conjunto habitacional, con un tope de 150 UF por vivienda. La única restricción que tiene es que la vivienda construida no se puede vender durante 15 años, desde su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces
Fuente: www.gobierno.cl
http://www.gobierno.cl/plan_vivienda/index.asp
19 enero 2007
Proyecto sobre integración y suelo: la periferia ya no será de los pobres
El diagnóstico es obvio: las familias de escasos recursos no tienen la posibilidad de acceder a un suelo urbano bien ubicado y terminan relegadas a zonas periféricas, sin equipamiento ni conexión adecuada con el resto de los barrios. ¿Cómo terminar con los ghettos?
“La segregación urbana no se revierte de manera espontánea”, dice la ministra de Vivienda, Patricia Poblete. Por eso, ayer se reunió con parlamentarios de las comisiones de Vivienda de ambas cámaras para afinar el proyecto de Ley de Integración Social con las observaciones que éstos le entreguen. Hoy se repetirá el plato con dirigentes de la Cámara Chilena de la Construcción y de la Asociación de Inmobiliarios para darles a conocer la idea.
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La iniciativa propone que todos los proyectos habitacionales cedan un 5% del suelo para vivienda social. “Si la segregación social y espacial ha sido, en parte, la consecuencia de una política o de sus deficiencias, será otra política pública la que debe corregir esta distorsión”, dijo la ministra.
El proyecto ya ha generado reacciones. “Muchos de los parlamentarios encontraron la cifra sumamente conservadora; otros dijeron que era lo posible y algunos plantearon que por lo menos tenía que ser un 15%”, señaló. Pero dado que la ministra quiere un acuerdo nacional, finalmente apoyaron el 5%.
También existe preocupación por la posibilidad de que la iniciativa encarezca las viviendas y afecte a las familias de clase media. Poblete lo rechazó. “Las viviendas se encarecerían en 1%, por lo tanto, aquí no hay un tema de que vayan a encarecerse las viviendas de la clase media. En absoluto”, concluyó.
Más medidas
Uno de los énfasis de la política habitacional del Gobierno pone acento en la equidad y la integración, pero este proyecto no resuelve por sí solo este tema. Así lo entienden en el ministerio. “Ésta es parte de varias medidas que estamos impulsando”, dijo Poblete. La integración social se resolverá con un paquete de iniciativas que ya están en curso. Entre ellas, el subsidio en línea para la vivienda usada y la vivienda construida; el subsidio para la localización; los terrenos Serviu a disposición de las viviendas sociales; el acuerdo con el Ministerio de Bienes Nacionales para que suelos fiscales con aptitud habitacional también se pongan al servicio de esta integración”. El proyecto de Ley de Integración Social fue ingresado a la Secretaría General de la Presidencia e irá al Congreso una vez que se incorporen las nuevas observaciones, lo que podría ocurrir en los próximos días.
Fuente: La Nación, Martes 5 de Diciembre de 2006
Proyecto de integración social suma más apoyos
Martes 5 de diciembre de 2006
Ministra Patricia Poblete explicó a parlamentarios detalles de la iniciativa.
EUGENIO DROGUETT
La ministra de Vivienda, Patricia Poblete, consiguió "piso" legislativo para el proyecto de integración social, tras reunirse ayer con los integrantes de la comisiones de Vivienda del Senado y de la Cámara.
Llegaron hasta su despacho dos senadores y nueve diputados para enterarse de los detalles de la iniciativa, que, en su esencia, propone que los proyectos habitacionales cedan el 5% del suelo para vivienda social o, en su defecto, paguen el equivalente, para terminar con la segregación de los chilenos más pobres.
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La ministra afirmó que ningún parlamentario habló en la reunión de "impuesto" o "expropiación", principales críticas que han emanado desde el sector inmobiliario. Por lo tanto, están dispuestos a legislar sobre la iniciativa.
Además de los senadores Víctor Pérez y Pablo Longueira, asistieron los diputados Jorge Insunza, Gonzalo Duarte, Carlos Montes, Marta Isasi, Juan Carlos Latorre, Claudia Nogueira, Gonzalo Uriarte, Manuel Monsalve y Andrés Egaña.
La ministra, quien estuvo acompañada de la subsecretaria Paulina Saball, explicó que acogerá algunas indicaciones de los parlamentarios. Hoy disertará el proyecto a la Cámara Chilena de la Construcción y a la Asociación de Inmobiliarios.
Transversalmente, las preocupaciones de los parlamentarios se centran en una eventual alza en los proyectos de vivienda, situación que perjudicaría más a la clase media, pero se les explicó que en el peor de los casos subirían el 1%.
El senador Pablo Longueira expuso que el 5% de cesión de suelos podría resultar insuficiente para lograr la integración.
La ministra replicó que este proyecto por sí solo no resuelve el problema, pero sí con otras medidas complementarias, ya en vigencia. Estas son el subsidio en línea para vivienda usada, el subsidio para localización, terrenos del Serviu a disposición de las viviendas sociales al igual que terrenos de Bienes Nacionales con aptitud habitacional.
Fuente: emol.com