El explosivo crecimiento de las ciudades del país, que sólo en la década pasada registró un aumento del 17%, obligó al Gobierno a enviar el miércoles pasado un proyecto para modificar la Ley de Urbanismo y Construcciones y que facilite y acelere la planificación urbana a nivel regional, comunal y de barrios.
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Por VÍCTOR ZÚÑIGA
Tal expansión en esas áreas, en que vive hoy el 87% de la población -casi 14 millones-, se hará más ostensible en cinco nuevas zonas urbanas para el año 2030, según el Ministerio de la Vivienda.
Ellas son Iquique, Antofagasta, La Serena-Coquimbo, Temuco-Padre Las Casas y Puerto Montt-Puerto Varas.
Las ciudades con una fuerza centrípeta imparable lo absorben todo.
No sólo aglutinan hoy el 87% de la población del país, sino que además concitan el crecimiento económico y el bienestar social y laboral de la gente.
Pero a la vez nutre los conflictos urbano-ambientales, la segregación y el acceso desigual de los habitantes a servicios y la infraestructura de la ciudad.
Y es este nuevo contexto que ya llevó al Gobierno, a través del Ministerio de la Vivienda, a proyectar que este pujante motor urbano hará consolidar 5 nuevas áreas metropolitanas en Chile para el año 2030, más allá del crecimiento de las megaciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción.
Ellas son Iquique, Antofagasta, La Serena/Coquimbo, Temuco/Padre Las Casas y Puerto Montt/Puerto Varas.
Por lo tanto, la planificación urbana cobra una importancia extraordinaria ante esta realidad apremiante, razón por la cual la ministra subrogante de la Vivienda, Paulina Saball, destaca el envío el miércoles pasado al Senado del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones de 1975 que aborda este desafío nacional desde ahora.
"Cuando este proyecto se convierta en ley va a significar la reforma urbana más importante de los últimos 30 a 50 años", afirma al producirse una discusión por primera vez sobre esta materia en el Congreso.
Asegura que el crecimiento de Iquique es impresionante, junto a Alto Hospicio; que Antofagasta ha experimentado todo un desarrollo estructural mejorando la calidad de vida de su población; que La Serena/Coquimbo conforman un espacio urbano de potencial turístico, residencial, comercial, patrimonial y que Puerto Montt/Puerto Varas es otro núcleo con un crecimiento notable en los últimos años, así como Temuco/Padre Las Casas.
"Ojo que habrá también un crecimiento de las ciudades pequeñas y medianas en el país como Coihaique, Osorno, Chaitén, Arica, Talca, Rancagua, Punta Arenas y tantas otras que deberán regular su desarrollo urbano a tiempo", precisa.
Y es por ello que el proyecto de ley busca permitir y mejorar la participación ciudadana, ampliar los espacios de concertación entre la inversión pública y privada, y fortalecer las capacidades locales de planificación y recuperación de espacios públicos, infraestructuras y barrios.
También resaltó que la nueva normativa permitirá facilitar los procesos de actualización de los planos reguladores en escala regional, intercomunal y comunal, garantizar a través de compensaciones y condiciones los proyectos urbanos más sustentables así como acoger la diversidad de barrios y ciudades con tipos de planes a escala de sus realidades y racionalizar la construcción en áreas rurales.
"Es por ello que el proyecto de ley, que tiene 50 artículos y 3 transitorios, en el ámbito de la planificación urbana introduce facultades expresas para la participación y descentralización, la planificación integrada y el mejoramiento de barrios", explica.
Paulina Saball advierte que este proyecto de ley no podrá resolver por sí solo toda la problemática urbana, razón por la que aclara que habrá que enviar otras tres iniciativas complementarias a futuro: un proyecto de Ley de Impacto del Desarrollo Urbano, Proyecto de Ley sobre Plan Regional de Desarrollo Territorial, y Proyecto de Ley para la Integración Social.
La secretaria de Estado presentó personalmente el proyecto a los senadores.
Cómo será la participación en la reforma
La ciudadanía podrá participar en diversas etapas del proceso.
El proyecto de ley establece que se obligará a todos los organismos del Estado y a las empresas de servicios públicos a proporcionar la información necesaria para la planificación urbana, aspecto que parece obvio, pero que hoy no existe.
"Asimismo, todo ciudadano tendrá acceso libre a los antecedentes que conforman el proyecto de plan regulador, desde su inicio, durante el trámite de aprobación y una vez aprobado", dice el texto.
También se incorpora a la ciudadanía y organismos públicos a los procesos de elaboración de los instrumentos de planificación urbana, cualquiera sea su nivel, agrega.
Se explica que hoy la participación ciudadana se reduce a instancias informativas en las etapas de aprobación y sólo para los Planes Reguladores Comunales.
En cambio, ahora, la nueva etapa de planificación urbana se materializará en un nuevo instrumento denominado "Esquema Director", el cual definirá la "imagen objetivo" del desarrollo futuro de la comuna, intercomunal o ciudad.
Por su carácter general y estable en el tiempo, el "Esquema Director" constituirá la base para fomentar los consensos sobre la visión general del desarrollo urbano, sobre la cual se elaborarán luego las normas técnicas específicas aplicables al suelo y las posteriores actualizaciones de cada plan regulador, indica la iniciativa.
La imagen objetivo y el conjunto de principios establecidos en dicho esquema deberán luego ser recogidos por el plan regulador respectivo mediante normas que luego serán aprobadas conforme a los procesos descentralizados de hoy.
También el proyecto de ley perfecciona los procesos de actualización y planificación a escala de barrios y sectores en los Planes Reguladores Intercomunales y Comunales.
Senador Horvath: Temor a "derramar" ciudades sobre suelo agrícola
Dijo que habrá que ver con "pinzas" qué ocurre con la flexibilización de los límites urbanos para evitar que las áreas urbanas arrasen las zonas rurales, especialmente agrícolas y verdes.
El presidente de la comisión de Vivienda del Senado, Antonio Horvath (RN), expresó que el proyecto de ley del Gobierno facilitará y agilizará la planificación urbana en cuanto a los procedimientos que se aplican para ello, pero indicó que habrá que estar atento a la flexibilización de los radios urbanos de las ciudades para evitar avasallamiento del suelo rural, agrícola y verde del país.
"No queremos que esto se flexibilice, de forma que las ciudades se derramen en el poco suelo agrícola y verde que nos queda en Chile. Es por eso que tendremos que verlo con pinzas", advirtió.
El parlamentario valoró la decisión del Gobierno de llevar este cambio legal a través del Congreso Nacional, hecho sin precedentes, puesto que la Ley de Construcción y Urbanización de 1931 y la Ley General de Urbanismo y Construcciones de 1975 fueron dictadas ambas mediante Decreto con Fuerza de Ley (DFL), es decir, sin pasar por el Parlamento.
La comisión invitará a 15 organizaciones para escucharlos a todos en tres sesiones, para luego proceder a votar en general y más tarde llevar el debate a la sala en abril y así entrar "al área chica" desde entonces, adelantó.
El parlamentario fue consultado por la situación hoy delicada del Gobierno y de los partidos políticos que conforman la Concertación, varios de cuyos militantes han debido abandonar sus colectividades por fuertes conflictos internos, lo que repercutiría en la falta de votos: "No, eso no es problema. En este tema hay apoyo transversal".
En cuanto a la iniciativa en sí, dijo que mejora en forma radical los procedimientos para facilitar y agilizar la planificación urbana, pero carece de la institucionalidad que mire el desarrollo de las ciudades a 30, 40 y 50 años. "Los planos reguladores que antes demoraban 4 a 5 años, ahora con esta modificación podrían hacerse en seis meses", planteó.
"El proyecto va al fondo de los procedimientos, pero no va al fondo de la institucionalidad en cuanto a participación ciudadana y la visión de las ciudades. Habrá que podar y agregárselo", añadió.
FENÓMENO
METRÓPOLI. Santiago es especial por absorber gente de otras ciudades y del campo.
Fuente: El Mercurio Lunes 21 de enero de 2008
Crecimiento urbano obliga a planificar ciudades más pobladas
Alternativas para ganar más suelo
Desarrollos urbanos condicionados: Se estima que en la capital sólo quedan 2 mil hectáreas, las que se gastarían en dos años y medio.
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Por Oriana Olivos Marín
Luego de casi diez años de su creación, las Zonas de Desarrollo Condicionado (Zoduc) están mostrando signos de materialización. Así, hasta la fecha, según datos de la Cámara Chilena de la Construcción, existen seis proyectos con convenios de mitigación suscritos con el Ministerio de Obras Públicas, ubicados en la Provincia de Chacabuco en la Región Metropolitana que, en total, albergarán cerca de 57.000 viviendas.
¿Ha sido un acierto de la autoridad haber concebido esta nueva forma de crecimiento y planificación urbanos?
Comenta Javier Hurtado, de la Gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, que los Zoduc y sus variantes, como las PDUC, permiten emprender proyectos inmobiliarios fuera del límite urbano de la ciudad, siempre y cuando cumplan con las normas exigidas por el planificador. "La idea central es incorporar nuevo suelo a la ciudad pagando por los impactos sociales del desarrollo".
Dice Javier Hurtado que si bien estas iniciativas están correctamente orientadas desde el punto de vista de la eficiencia del desarrollo urbano, es necesario perfeccionar e incluso replantear los mecanismos. "Por ejemplo, algunos aspectos que debieran revisarse se relacionan con que los mecanismos condicionados actuales (Zoduc, PDUC y AUDP) no son todo lo objetivos que debieran en la cuantificación de externalidades y en la definición de las mitigaciones asociadas. De hecho, la normativa sólo aspira a que se incorporen las externalidades negativas y no las positivas de la localización. Además, no es un sistema que esté abierto a utilizar los mercados cuando es posible".
Agrega que nuestra institucionalidad no está preparada para aceptar y facilitar el desarrollo de proyectos bajo esta metodología, lo cual se traduce en procesos de tramitación inciertos, largos y costosos. "Asimismo, es necesario definir el rol y competencia municipal en estos proyectos".
Básicamente, explica Javier Hurtado, las externalidades que se han mitigado en este tipo de proyectos se definen según lo que indica un Estudio de Impacto Urbano, aprobado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con participación de otros organismos (como los ministerios de Obras Públicas, Transportes y Agricultura), además de los requerimientos que realiza la normativa ambiental a los proyectos de inversión del sector inmobiliario. Por su parte, las municipalidades involucradas también han exigido ciertas compensaciones.
En la práctica, esto se ha traducido en inversión en vialidad, colectores de aguas lluvia, equipamientos de varios tipos, mitigación de riesgos naturales y áreas verdes.
Costos relativos
Plantea Javier Hurtado que a pesar de las cosas que aún se deben mejorar en materia de Zoduc y similares, este sistema sigue siendo una buena alternativa de inversión inmobiliaria. "Dada la restricción de suelo que tenemos hoy en Santiago (disponibilidad de cerca de 2.000 hectáreas que alcanzarían para no más de dos años y medio de consumo), la posibilidad de habilitar nuevos paños, pagando por los impactos derivados de ello, soluciona el problema de la escasez y beneficia a todos, desarrolladores y compradores".
Pero ¿resulta más caro o más barato comprarse una vivienda en Zoduc? Enfatiza Javier Hurtado que el valor de una vivienda en un desarrollo condicionado va a ser resultado de la suma de un suelo bruto relativamente barato (comparado con uno ubicado al interior de la ciudad); una urbanización más cara, ya que incorpora costos de mitigaciones y macro urbanización, los cuales no se consideran en los proyectos tradicionales y el costo por metro cuadrado de construir la vivienda que es similar en todos los casos.
"En definitiva, el que la vivienda sea más cara o más barata va a depender del peso relativo de las variables anteriores. Lo importante es que desde el punto de vista de la sociedad es mucho más conveniente crecer vía desarrollos condicionados que por extensiones arbitrarias del límite urbano".
Fuente: Ediciones Especiales El Mercurio 26/07/2007
Ecologistas destacan determinación de Contraloría sobre expansión urbana
La resolución impugnada por los ecologistas pretendía modificar el Plan Regulador Metropolitano para expandir la ciudad sobre tierras agrícolas, en la comuna de Colina. De tener éxito, la expansión agregaría 825 hectáreas (equivalentes a toda la comuna de San Miguel) a la zona urbana de la capital.
La Contraloría General de la República declaró que "se abstiene de efectuar el examen de legalidad" de la resolución Nº 46 del Gobierno Regional Metropolitano, destacaron hoy organizaciones ciudadanas contrarias a la expansión urbana de la capital.
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De este modo- explican las organizaciones "Acción Ecológica" y "Defendamos la Ciudad"- el organismo fiscalizador señaló en el oficio 30.666, que exige previamente al Gobierno Regional que responda a las ilegalidades constatadas por las organizaciones ecologistas. La resolución impugnada por los ecologistas pretendía modificar el Plan Regulador Metropolitano para expandir la ciudad sobre tierras agrícolas, en la comuna de Colina. De tener éxito, la expansión agregaría 825 hectáreas (equivalentes a toda la comuna de San Miguel) a la zona urbana de la capital. Luis Mariano Rendón, Coordinador de Acción Ecológica, declaró hoy al respecto que "resulta impactante que tengamos que estar defendiendo la normativa ambiental frente a los ataques que sufre de parte de los propios organismos de gobierno que deberían estar llamados a fiscalizarla".
"Este nuevo intento de expandir la ciudad, impulsado desde el Ministerio de Vivienda, muestra como esta cartera está francamente al servicio de los especuladores inmobiliarios, sin importar que eso signifique deteriorar la salud de la población o la pérdida de suelo agrícola insustituible", indica Rendón. El dirigente explicó que una ciudad que se expande genera viajes motorizados más extensos y por lo mismo, mayor emisión de contaminantes a la atmósfera. "Por ello, resulta un crimen que una ciudad saturada de contaminación, como Santiago, siga expandiéndose. Y lo más grave es que este crimen está siendo perpetrado directamente por autoridades que en forma inescrupulosa privilegian las ganancias de unos pocos, por sobre el derecho a un aire limpio de todos", afirmó. Por su parte, Patricio Herman, director de "Defendamos la Ciudad", señaló que "insistimos que el Gobierno tiene que actuar siempre sin recibir las presiones de los grupos de poderes fácticos que se desenvuelven sólo preocupados de sus propios intereses".
"Ojalá la Presidenta Michelle Bachelet efectúe una labor de reingeniería al interior del Minvu, causante de estos desaciertos ambientales. Esperamos que la mandataria se de cuenta que si no pone atención en estos temas urbano ambientales, terminará siendo simplemente una autoridad funcional a los especuladores. La ciudadanía le exigirá su responsabilidad en algún momento", concluyó.
Fuente: El Mostrador 15 de Julio de 2007
Vivienda desmiente manejo privilegiado hacia Colina
Ministra Poblete aclaró que no hubo trato favorable a ese municipio, el único que tenía avanzado un cambio a su plano regulador desde 2003 y aprobado por la Corema en 2006.
Descartó aval del Minvu a consultora Urbe, vinculada a la Concertación
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por VÍCTOR ZÚÑIGA
Como "impresentables" calificó ayer la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, las acusaciones de un grupo de consejeros regionales sobre "manejos sospechosos" en la ampliación del radio urbano de Colina.
El presidente de la Asociación de Consejos Regionales, Mauricio Morales, denunció la participación de grupos inmobiliarios y de la consultora Urbe, vinculada a la Concertación, para presionar por la extensión en 825 hectáreas del radio urbano en esa comuna.
Según Morales, toda esta operación contó con la anuencia de los ministerios de Vivienda y de Obras Públicas.
"Me parece impresentable que se pretenda enlodar al Ministerio de Vivienda con afirmaciones absolutamente falsas", dijo la secretaria de Estado.
Afirmó que es falso que su cartera haya dado el visto bueno para que la consultora Urbe operara con Colina. "Como ministerio, no tenemos competencia sobre las decisiones de los municipios, y sólo nos pronunciamos cuando participamos en el financiamiento de la actualización de algún plan regulador, que no es el caso de Colina", aseguró.
Refutó que ese municipio recibiera un trato privilegiado de su ministerio. "No hay una excepción con Colina. Lo que ocurre es que el proceso de modificación del Plano Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), que afectaba a Colina, partió en 2003 y en 2006 estaba en su etapa final. No existía otra comuna en una situación similar", afirmó.
Y para ratificar ello, dijo que tal ajuste tuvo la aprobación de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), del Consejo Regional (CORE) y de la Comisión de Ordenamiento Territorial del CORE, instancias en que Morales participó con su voto favorable.
Precisó que en diciembre pasado su cartera dictó la Circular 41, que congeló al PRMS, porque se decidió fijar criterios claros, conocidos y transparentes para los futuros cambios a los planos reguladores comunales.
"En ese marco, la Seremi Metropolitana ha estado trabajando para que a fines de abril de 2007, una vez establecidos estos criterios, y dados a conocer públicamente, se acojan a trámite las solicitudes antes mencionadas".
La ministra Poblete cuestionó que Morales, como consejero regional y ex funcionario del Ministerio de Vivienda, haga denuncias sobre supuestas irregularidades y no las fundamente en la Contraloría o los tribunales de justicia.
"No hay grupos económicos"
El alcalde de Colina, Mario Olavarría, negó que en la extensión en 825 hectáreas del radio urbano de Colina estén conglomerados inmobiliarios de peso, descartando así los dichos del consejero Mauricio Morales. "Ninguna de esas hectáreas pertenece a ninguno de los conglomerados económicos", dijo, haciendo alusión a los mencionados Paulmann, Latorre, Ibáñez y Piñera. Afirmó que los dueños de los nuevos terrenos urbanos son pequeños y medianos agricultores y el Ejército de Chile. El edil indicó que esos grandes empresarios sí participaron en proyectos en 1997, mediante la norma Zonas Urbanizables con Desarrollo Condicionado (Zudc). Dijo que Morales "sangra por la herida" por haber salido del Minvu, tras asesorar al ex ministro Jaime Ravinet.
Fuente: El Mercurio Lunes 26 de marzo de 2007
Ampliación del radio urbano comunal: Denuncian manejos sospechosos en Colina
Consejero acusa a Vivienda y al MOP, así como a consultora vinculada con la Concertación y grupos inmobiliarios.
por VÍCTOR ZÚÑIGA
Sin pelos en la lengua, algunos consejeros regionales metropolitanos cuestionaron en forma y fondo la acción de los Ministerios de la Vivienda y de Obras Públicas para lograr la ampliación del límite urbano de Colina, agravado por la fuerte presión de una consultora con vínculos con la Concertación y poderosos grupos inmobiliarios que operan en esa comuna de Santiago.
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En votación del miércoles pasado en el Consejo Regional Metropolitano, con 20 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, se aprobó finalmente extender el radio urbano de Colina en 825 hectáreas, lo que gatilló una controversia entre los consejeros.
El presidente de la Asociación de Consejos Regionales de Chile, Mauricio Morales, explica que en este tema hay varias situaciones "sospechosas".
Acusa la intervención de la consultora Urbe, a cargo de Pablo Jordán, vinculada con el "think tank" de la Concertación Expansiva, que presentó el plan regulador comunal de Colina en representación de esa municipalidad y a la vez del sector privado vinculado con un proyecto inmobiliario en esa zona norte de la ciudad.
"Le pregunté al alcalde de Colina, Mario Olavarría, cómo era posible que la consultora a cargo de hacer el plan regulador de esa comuna, contratada con recursos públicos, estuviera a la vez como privado a cargo del proyecto Santa Elena. Eso, desde mi punto de vista, representa una incompatibilidad y me parece de extrema gravedad", dice Morales.
Aclara que la culpa no es de Jordán sino "de quién le da el afrecho" y con ello se refiere no sólo al municipio en cuestión sino también al Ministerio de la Vivienda. "Estas consultoras son contratadas también para trabajar con los municipios, con el visto bueno del Ministerio de la Vivienda. Entonces, tenemos la misma consultora trabajando en la mañana para el municipio y en la tarde para el privado. Eso es a lo menos sospechoso".
Se le indicó que hay inversionistas poderosos detrás de Colina, como Juan Carlos Latorre, Horst Paulmann, Sebastián Piñera, y la familia Ibáñez, a lo que el consejero dice que ellos están en su negocio, pero igual reciben un trato privilegiado de los ministerios de la Vivienda y de Obras Públicas.
Y fundamenta su cuestionamiento.
Explica que la cartera de la Vivienda tiene el radio urbano del Gran Santiago "congelado" desde diciembre pasado por medio de la Circular 41; sin embargo, en enero pasado hace una excepción y envía una modificación para cambiar el límite urbano de Colina, lo que se aprobó finalmente el miércoles en el Consejo Regional.
"¿Por qué el Ministerio de la Vivienda tiene manga ancha para Colina y la manga angosta para otros que también piden ampliar su radio urbano y así poder satisfacer la demanda por vivienda social de su población, especialmente allegados?", se pregunta Morales.
Y con ello se refiere a las comunas postergadas de Huechuraba, Renca, Quilicura, Puente Alto, Maipú, Calera de Tango y San Bernardo.
Morales aclara que él votó a favor de Colina, pero indicó que hay molestia porque se está privilegiando a una comuna sólo por las presiones inmobiliarias, en donde 100 de las 815 hectáreas tienen una alta plusvalía por estar vinculadas a Chicureo.
Se trata de un "mercado inmobiliario caliente", por terrenos que se compraron inicialmente muy baratos, a 0,2 a 0,3 UF el metro cuadrado, para luego levantar construcciones que bordean las 6 mil UF a 11 mil UF; es decir, de los 120 a más de 200 millones de pesos.
Pero Morales no se queda ahí.
También acusa al Ministerio de Obras Públicas al favorecer la nueva Radial Nororiente por Colina, sin exigir de los privados las mitigaciones en equipamiento e infraestructura como se contempló en acuerdos suscritos.
Morales explica que el camino que conecta Chicureo con La Dehesa tuvo una inversión de US$ 15 millones, que ha sido reconocida por el MOP y sin exigir obras de mitigación que contempla la condición normativa para la Zona Urbanizable con Desarrollo Condicionado (Zudc).
"Al final, todas las aguas lluvia de Chicureo van a ir a parar a las comunas de Quilicura y de Pudahuel por el estero Los Patos y Las Cruces. No hay ninguna mitigación. No hay preocupación ni del Ministerio de Obras Públicas y mucho menos del Ministerio de la Vivienda por esas aguas lluvia. Tampoco hay materialización de calles para conectar Lampa, Quilicura y Colina, después de años de haberse firmado el convenio entre el Zudc y el MOP".
Morales reconoce que tiene militancia DC, pero aclara que como consejero se debe a la ejecución de obras en educación, salud, vivienda, lo que implica tener discrepancias con ministros de la Concertación, como la ministra de la Vivienda, Patricia Poblete (DC).
"Al límite del tráfico de influencias"
Consejero Cristián Sandoval pidió información sobre consultora Urbe, que promovió cambio de suelo de Colina representando al municipio y a privados.
El consejero regional metropolitano Cristián Sandoval (DC) expresó que solicitó durante la sesión pasada del Consejo Regional requerir información sobre la consultora Urbe, que tiene ciertas conexiones con la Concertación, a través de Expansiva, y que logró finalmente extender el radio urbano de Colina.
Compartiendo las aprensiones del consejero Morales (DC), Sandoval -quien se abstuvo en la votación- explicó que esta consultora, a cargo de Pablo Jordán, quien integra Expansiva, opera al límite de lo lícito. Consultado si hay tráfico de influencias, Sandoval contestó: "Está en el límite".
Patricio Salinas (DC), que votó en contra de expandir el radio de Colina, expresó duras críticas al Ministerio de Vivienda y concordó con Sandoval en que hay consultoras clase A, B y C, en donde a las primeras "les resulta todo".
Posición discrepante tiene el consejero regional Félix Viveros (RN), quien explica que la modificación del plano comunal de Colina viene hace años desarrollándose, logrando las autorizaciones de diversos organismos públicos como la Corema, todo lo cual está en regla. Explicó que si sus colegas tienen información de situaciones anómalas, entonces deberían recurrir a los tribunales o a la Contraloría y hacer las denuncias. Similar predicamento tiene el consejero Pedro Saitz (PPD).
Fuente: El Mercurio Domingo 25 de marzo de 2007
La amenaza urbana
por Loreto Gática
La Región Metropolitana cuenta con terrenos agrícolas excepcionales, pero está cercada por la peor plaga: la expansión urbana.
Aunque representa sólo el 2% de la superficie nacional y más de 6 millones de personas la habitan, la Región Metropolitana concentra el 20% de los mejores suelos agrícolas del país. Pero el crecimiento urbano los tiene bajo amenaza.
Sus provincias aportan el 16% del PIB sectorial nacional. Son más de 140 mil há. de riego y 71 mil de alta prioridad silvoagropecuaria, las que permiten que esta zona produzcan el 23% de las hortalizas, el 19% de los frutales, que concentra el 32% de la producción avícola y el 25% de la oferta porcina del país.
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Más aun, en el valle de Maipo partió la historia del vino chileno, el mismo que hoy se conoce como el valle del cabernet sauvignon y posee viñas como Cousiño Macul, Portal del Alto, Tarapacá o Pérez Cruz.
Sin embargo, las otrora grandes extensiones de terreno vinícola, han disminuido por la expansión urbana. Y no son los únicos. Con un crecimiento anual cercano a las 1.200 há, Santiago se come los mejores suelos agrícolas del país.
A eso se suma la reformulación del proyecto que modificaba la Ley General de Urbanismo y Construcción, que se envió al Congreso en agosto de 2004 y se retiró en marzo de 2006, tras una fuerte oposición de varios sectores, incluso del Ministerio de Agricultura.
Aunque se señaló que el proyecto se enviaría al Congreso a fines de enero pasado, extraoficialmente en el Ministerio de Vivienda se dijo que trabajan en un anteproyecto consensuado que pretenden terminar en junio. Luego será enviado al Ministerio Secretaría General de la Presidencia donde lo analizarían los organismos involucrados.
La luz de alerta
Dada la importancia del sector para la agroindustria, proteger los suelos declarados como agrícolas, es una prioridad vital para el Ministerio de Agricultura.
"Pero la misión choca con el desconocimiento, la visión de la Región como territorio urbano y, por tanto, la pérdida de los mejores suelos agrícolas del país", señala el seremi de Agricultura de la RM Ricardo Vial.
Por las indicaciones del proyecto anterior y algunos indicios actuales ya se puede adelantar cuáles serán los puntos de conflicto.
Si bien la incorporación, a fines del 2006, al Plan Regulador de Santiago, de las provincias de Melipilla y Talagante y las comunas de Buin y Paine, y el aumento de la subdivisión mínima de los terrenos, de 0,5 a 2 há. fueron modificaciones positivas, a juicio de Vial, porque permite mayor regulación y una mejor utilización de los recursos agrícolas, hay peros al plan.
"No es todo lo bueno que hubiéramos querido, pero ordena el territorio para que todos sepamos dónde invertir. Y el aumento de la subdivisión es una ayuda para la agricultura, porque es prácticamente imposible practicarla en terrenos tan pequeños".
La duda está en si la nueva modificación al proyecto delega en los municipios la decisión en torno al uso de los suelos.
"No tenemos el documento oficial, pero lo que se pretende es que las decisiones en las subdivisiones las puedan tomar las direcciones de Obras. Eso es muy preocupante, porque las municipalidades no tienen los recursos necesarios para determinar cuándo es posible dividir. El Ministerio y el SAG sí los tienen", recalca Vial.
Tal medida, no sólo comprometería los suelos de la RM. "Si el proyecto se concreta, afectaría a todo Chile. No se trata de la pérdida automática de los suelos, sino de la creación de herramientas que facilitarían su uso en rubros no agrícolas. Como Ministerio tendríamos menos injerencia en el tema por lo difícil de dimensionar las repercusiones que podría tener la ley' señala el seremi.
"Hay sectores con suelos de excelente calidad que están disponibles para las inmobiliarias y todavía se piensa en cambiar los planes reguladores e incorporar mayor cantidad de terrenos como suelos urbanos. Es a eso a lo que nos oponemos", concluye.
Fuente: ELMERCURIO.COM
Lunes 19 de febrero de 2007