Fundación Defendamos la Ciudad y Movimiento Acción Ecológica, en Conferencia de Prensa de hoy día sábado, expresaron que el intento del gobierno de expandir los límites urbanos para posibilitar los cambios de uso de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas es una iniciativa que contradice el PRMS (instrumento normativo urbano) y PPDA (instrumento normativo ambiental) y que, brindando plusvalías patrimoniales a los poseedores de esas tierras, en paralelo generaría mayores niveles de contaminación atmosférica en la región metropolitana.
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Patricio Herman de Defendamos la Ciudad expresó "es irracional este intento de expandir horizontalmente la ciudad ya que en la actualidad existen los mecanismos necesarios para que la industria inmobiliaria pueda hacer negocios en extramuros. En efecto, en los sectores rurales se pueden llevar a cabo negocios inmobiliarios de viviendas de hasta UF 1.000 sin ningún tipo de inconvenientes y en las denominadas Zoduc y PDUC, promulgadas en 1997 y 2003 en el PRMS, respectivamente, también se pueden levantar viviendas sin límite de precios con compensaciones y mitigaciones por parte de los titulares de los proyectos. La cuenca de Santiago ya está saturada y por ello lo responsable es cuidar el ecosistema : los llamados a implementar políticas públicas sustentables son los funcionarios que representan a la presidenta de la República en los distintos ministerios y servicios del Estado. . Por ello, le hacemos un llamado a las ministras de Medio Ambiente y de Vivienda y Urbanismo, Ana Lya Uriarte y Patricia Poblete, respectivamente, para que reaccionen a tiempo y archiven este proyecto por ser abiertamente contrario al bien común de la población".
El abogado Luis Mariano Rendón de Acción Ecológica señaló "el PPDA es muy certero en sus diagnósticos y por ello le solicito a mi colega Ana Lya Uriarte que asuma su responsabilidad haciéndole notar a quienes no lo conocen, que si queremos ganar el combate contra la pésima calidad del aire que respiramos debemos todos ser coherentes con ese instrumento normativo ambiental. Sabemos que algunos actores privados han estado presionado al Minvu para que flexibilice el PRMS y que este débil ministerio ha sucumbido ante los lobbistas de turno. En todo caso, como último recurso esperaríamos que la presidenta Michelle Bachelet, básicamente por su condición de médica muy competente, que conoce los efectos de la contaminación en los más vulnerables, va a tomar cartas en el asunto y si no así que Dios se apiade de nuestras autoridades superiores"
Fuente: Comunicado de Prensa Fundación Defendamos la Ciudad Domingo 20 de Abril de 2008 http://www.defendamoslaciudad.cl/modulos.php?mod=noticias&fn=94e679ab46d568928ad91afb91a749bb&id=931
Organizaciones ciudadanas rechazan nueva expansión urbana en Santiago
Crecimiento urbano de Santiago toca 7 comunas
Flickr.com / nicoventurelli
Expansión está prevista para zonas poniente y sur de la capital.
El crecimiento del Gran Santiago es un hecho inevitable, y así lo entiende el Gobierno, por lo que busca aplicar un desarrollo regulado y condicionado de la capital, en la que viven 6 millones de habitantes.
Y es por ello que propuso el jueves pasado una actualización del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que significa extender el límite urbano en 9.266 hectáreas hacia el poniente y sur de la ciudad.
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por VÍCTOR ZÚÑIGA
Su presentador ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del gobierno regional fue el seremi metropolitano de Vivienda, Carlos Estévez.
El personero de gobierno precisó que el crecimiento urbano involucrará a 7 comunas.
Por extensión del límite urbano están: La Pintana, San Bernardo, Maipú, Quilicura. Por reconversión, Puente Alto, Renca y Cerro Navia.
Además, aclaró que de las 9.266 hectáreas que se incorporarán de terreno rural al radio urbano, el 33% de ellas corresponde a suelo agrícola; es decir, 3.057 hectáreas. La nomenclatura agrícola define los terrenos en números, siendo el nivel 1 y 2 los de mejor calidad para el cultivo.
El seremi Estévez precisa que de las 3.057 hectáreas de tierra agrícola, el 13% es suelo 1, el de mejor calidad (1.204 ha), y el 20% calidad 2, de una característica un tanto inferior (1.853 ha).
Para la alcaldesa de San Bernardo, Orfelina Bustos, es una "buena noticia" la ampliación del límite urbano en su comuna, puesto que permite aliviar necesidades habitacionales, como contar con espacio para viviendas sociales destinadas a los 12 mil allegados que piden por una solución.
"Somos una comuna de 800 mil habitantes. Hay terrenos agrícolas rodeados de asentamientos humanos que presionan por su urbanización. Estamos llegando a la ribera del río Maipo", dice. San Bernardo recibió muchos allegados de otras comunas, pero "ahora San Bernando debe ser para los sambernardinos", dice.
¿Especulación inmobiliaria?
El consejero regional metropolitano, Pedro Saitz, afirma que el solo cambio de uso de suelo implica un efecto en los precios de los terrenos. "Un suelo silvoagropecuario que vale x UF y uno lo cambia a un uso de suelo habitacional, esa UF sube. Hay intereses inmobiliarios, lo que puede ser bueno para el desarrollo", dice.
Su colega Mauricio Morales agrega que abrir Santiago al ámbito rural puede tener un efecto positivo en términos de precios de suelos, porque al haber más oferta, éstos pueden bajar incluso. En todo caso, agrega que los paños en cuestión fueron ya comprados a comienzos de los 90 por los inmobiliarios. "Si alguien compró 10 hectáreas, no hizo buen negocio, porque ahora se están proponiendo proyectos habitacionales con un mínimo de 50 hectáreas", acota. "Si el metro cuadrado de Quilicura vale 1,4 UF, ahora con más terrenos disponibles, puedo comprar en otro lugar más barato", acota.
Fuente: El Mercurio Domingo 20 de abril de 2008
Expertos critican falencias en proyecto para expandir las zonas urbanas de Santiago
Flickr.com / ·SUna serie de críticas recibió la propuesta del gobierno de actualizar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), y ampliar los límites urbanos de Santiago en 10.898 hectáreas, pues para los expertos el proyecto presentaría falencias.
Patricio Herman, presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, se opone a la iniciativa principalmente porque ya existen normativas que facilitan la ampliación de la ciudad. Estas serían las Zoduc (Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado) y el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que permiten levantar viviendas en zonas que están fuera del área urbana.
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por MATÍAS ROVANO Y VÍCTOR ZÚÑIGA
El economista y profesor de urbanismo de la Universidad Católica, Óscar Figueroa, concuerda con esta postura y explica que el problema está en la incoherencia entre los planes de planificación urbana de anteriores gobiernos y los que se desarrollan en la actualidad.
"Supuestamente existían los Zoduc que indicaban políticas claras de expansión sin que el límite urbano creciera. Ahora se hace lo contrario, no hay coherencia", reprochó.
Por su parte, el arquitecto del Instituto Río Colorado, Ramón Delpiano, estima que el plan ha sido cuidadoso, pero sería sólo una solución a mediano plazo. "No hay que pensar que esto es la solución. Hay que detener el desarrollo de la concentración urbana", explica.
Sin embargo, su crítica también apunta a la habilitación de servicios para los nuevos sectores urbanos, ya que se construirían más casas, pero faltarían consultorios, escuelas, cuarteles policiales y otros prestaciones públicas.
Para él, las políticas gubernamentales han fallado en la descongestión de la zona metropolitana. "Hay necesidad de crear polos de desarrollo para ciudades que ya existen, y que se creen empleos, porque Santiago lo que hace es subsidiar a la gente para que se venga", sostuvo.
En tanto, Sara Larraín, directora ejecutiva del programa Chile Sustentable, cree que la iniciativa "es un desastre", porque la ampliación de la ciudad implica un crecimiento de las redes viales y flujo vehicular, que estaría totalmente en contra de los planes de descontaminación de Santiago.
Opinión de consejeros
Para varios consejeros regionales la "historia se repite", porque la iniciativa es un conjunto de "buenas intenciones" que no tiene muchas probabilidades de ver la luz en el corto plazo.
"Esta actualización si no se hace con una ley de respaldo será sólo letra muerta que servirá para la especulación inmobiliaria. Con suerte esto podría concretarse el próximo año", dice Pedro Saitz.
Su colega Mauricio Morales agrega que en 1997, cuando hubo otro cambio al PRMS, se habló de mitigaciones y crecimiento condicionado en que se obligaba a levantar caminos, colegios, consultorios para complementar la construcción de viviendas fuera del radio urbano, "lo que no sucedió. Acá nuevamente se habla de lo mismo, pero el plan no establece una obligación de efectuar tales obras, lo que al final perjudica a la gente".
El proyecto
La iniciativa para actualizar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) considera el crecimiento de los límites urbanos en 10.898 hectáreas, de las cuales 9.266 serían en zonas rurales.
El 60% de esos terrenos se utilizarían para uso habitacional mixto, es decir, vivienda, equipamiento e industria inofensiva. Tendría 163 mil viviendas y albergaría a 652 mil habitantes.
El 40% restante, equivalente a 4.379 hectáreas, contempla áreas verdes en las zonas deficitarias del sector poniente.
La visión de los críticos
PATRICIO HERMAN,
Director "Defendamos la ciudad"
"La cuenca de Santiago está saturada. El crecimiento horizontal significa más viajes y más partículas a la atmósfera. Tomando en cuenta la situación ambiental la expansión es contradictoria".
ÓSCAR FIGUEROA,
Profesor urbanismo UC
"Estos problemas de incoherencia son típicos del Estado, porque es el mismo desde 1980 y no está en condiciones de enfrentar lo que estamos viviendo. Es un problema de las instituciones".
SARA LARRAÍN,
Directora ejecutiva Chile Sustentable
"Es un desastre. Porque todo lo que se ha planteado para mejorar la calidad de vida en Santiago y los objetivos del plan de descontaminación señalaban la no expansión de Santiago. La propuesta es contraria".
RAMÓN DELPIANO,
Arquitecto Instituto Río Colorado
"Estos planes son provisorios, porque estas 10 mil hectáreas resuelven el problema para los próximos 8 años. Hay necesidad de crear polos de desarrollo para ciudades que ya existen".
INCOHERENCIA
EXPERTOS señalan que ya hay normas que regulan el crecimiento.
Fuente: El Mercurio Sábado 19 de abril de 2008
Gobierno propone extender límite urbano de Santiago en casi 10 mil hectáreas
Flickr.com / Oly Isabel
Al presentar la propuesta, el seremi de Vivienda, Carlos Estévez, destacó que 60% será para uso habitacional y el otro 40% para áreas verdes.
En lo habitacional, gran parte de las 5.541 ha se usarán para la construcción de viviendas sociales y proyectos inmobiliarios.
Consejeros regionales valoraron "buena intención" del plan, pero expresaron dudas de que se lleve a la práctica, de ser aprobado.
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por VÍCTOR ZÚÑIGA
El Gobierno propuso ayer formalmente un crecimiento urbano de Santiago en 10.898 hectáreas, de las cuales 9.266 son netamente de extensión de la ciudad hacia zonas rurales.
Tal expansión corresponde a la superficie de la comuna de Recoleta o 46 veces el ex aeropuerto de Los Cerrillos, hoy Ciudad Parque Bicentenario, según dimensionó el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu).
La ampliación de Santiago fue presentada ayer por el seremi metropolitano, Carlos Estévez, ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del gobierno regional.
Bajo este contexto, la propuesta de actualización del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) fija ampliar el límite urbano en 5.541 hectáreas para expansión condicionada, es decir, con obras de mitigación, a lo que deben agregarse 978 ha de reconversión industrial ubicadas al interior del radio.
"En total tenemos 6.519 hectáreas para usos habitacionales mixtos, las que permitirán localizar 163 mil viviendas y 652 mil nuevos habitantes", resaltó.
Por mixto se entienden tres categorías: para vivienda, equipamiento e industria inofensiva.
El mecanismo de desarrollo condicionado establece proyectos inmobiliarios en un mínimo de 50 hectáreas, en que hasta un 18% de las viviendas es destinado a sectores vulnerables.
Pero la expansión también abarca áreas verdes, deficitarias en el sector poniente.
Y el plan contempla 4.379 hectáreas del total de 10.898 ha.
En definitiva, destacó que la propuesta establece un 60% para uso habitacional, mientras el restante 40% está destinado exclusivamente para áreas verdes.
Consultado el Minvu sobre cuánto de las 9.266 hectáreas netas de expansión proviene de terreno agrícola, se contestó que su totalidad proviene de "suelo rural", como lo define la legislación vigente, y no se pudo precisar cuánto es suelo destinado para la agricultura. "No tenemos el dato preciso ni estimativo", se explicó.
La Región Metropolitana tiene un millón 500 mil hectáreas, de las cuales un 8% es urbana y el 92% restante es rural, según la fuente ministerial. Y la expansión propuesta equivale a un 0,8%, calificada de "conservadora" por el Minvu.
La propuesta no tiene tiempo para su aprobación, incluso debe ser vista por la Comisión de Ordenamiento Territorial, la Corema Metropolitana y la Contraloría General de la República.
Consejeros escépticos con propuesta
MAURICIO MORALES
Consejero DC
Calificó de conservador e ingenuo el plan de reactualización, pues no innova en conceptos y no hay seguridades. "El camino al cielo está lleno de buenas intenciones y llevamos 11 años sin que se concreten".
BETTINA HORST
Consejera UDI
Expresó una complicación con los tiempos para asegurar las mitigaciones por ley, pues recién entró al Senado un proyecto de ley sobre planificación urbana. "Esa ley podría salir más tarde que este plan".
PEDRO SAITZ
Consejero PPD
Solicitó que la actualización del plan regulador se haga mediante Estudio de Impacto Ambiental de la Corema, para una mayor participación. "Si este instrumento no es ley, no se garantiza su cumplimiento".
SUELO AGRÍCOLA. El Minvu no pudo precisar ni estimar cuánto terreno agrícola se absorberá al expandir el límite urbano.
Fuente: El Mercurio Viernes 18 de abril de 2008
Liberarán 5 mil hectáreas para crecimiento inmobiliario
Crecimiento condicionado es la máxima del Ministerio de Vivienda al presentar el nuevo dibujo urbanístico de la capital. Es decir, liberar hectáreas de suelo para desarrollo inmobiliario, pero bajo ciertas condiciones: mitigación vial, más áreas verdes e integración social.
En una reunión con la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional Metropolitano, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Estévez, presentó la propuesta ministerial sobre la modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), que plantea -entre otros puntos- aumentar de manera condicionada el área urbana de la capital en 10 mil 898 hectáreas.
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El proyecto contempla 5 mil 541 ha de expansión condicionada y 978 ha de reconversión industrial para uso habitacional mixto.
Las zonas de crecimiento urbano se desarrollarán especialmente en al zona sur de Santiago, hacia el río Maipo, involucrando a las comunas de La Pintana, Puente Alto, áreas de San Bernardo y Maipú, y en el norte Quilicura. Pero en ellas, según la propuesta ministerial, se podrán desarrollar conjuntos habitacionales cumpliendo con una serie de condiciones: mitigación vial, integración social, sustentabilidad ambiental, entre otras.
Iguales condiciones para los suelos de reconversión industrial, que se concentran principalmente en Puente Alto, La Pintana y Cerro Navia, y corresponden a terrenos que por instrumento de regulación territorial no pueden ser usados con fines habitacionales, a pesar de que nunca han sido usados para fines industriales.
Pero además se proyecta destinar 4 mil 379 hectáreas para áreas verdes, de las cuales mil 71 hectáreas serán para forestación y la formación de un cinturón verde, financiadas con inversión pública. Otras 1.550 para parques intercomunales, que serán financiados por los urbanizadores por vía de mitigaciones. Y mil 758 hectáreas para áreas de forestación que penetrarán en la ciudad como cuñas que generarán una red verde en la ciudad.
Más pavimento
Patricio Lanfranco, de CiudadViva, aplaude áreas verdes y la reconversión de zonas industriales, pero mira con recelo el proceso, aludiendo que "hace uno días la ministra habló de un proceso participativo, pero hoy presentan todo muy calculado, cifras muy precisas, no veo mucho espacio para la participación". Lanfranco indica que lo más preocupante es que se está resolviendo esta modificación en base a "una suerte de verdamia. La ministra dice que en 8 años más el 47% va a tener auto. Bueno, es probable que si no se hace nada al respecto, lleguemos a esas cifras, lo que no implica que si hacemos algo en la decisión correcta esa cifra no se logre completar. La expansión implica más pavimentación, más crecimiento urbano, más infraestructura y como ellos al pensar en infraestructura piensan en conectividad y la conectividad va a ser a través de los automóviles, significan más carreteras, más ciudad segregada".
Planificar
En el Colegio de Arquitectos de Chile han seguido de cerca el proceso previo a la presentación de esta propuesta, y asumen que el crecimiento de la ciudad no se pude detener.
"Uno puede decir no crezcamos más, pero es como decirle al hijo que deje de crecer, es casi imposible. Quién puede decir cuándo es el momento de crecer sólo en densidad, si los precios de suelo todavía son convenientes para la expansión urbana", dice Julio Alegría, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano de esa instancia, quien agrega: "La expansión se está dando, se quiera o no, hacia las comunas periféricas y en ese sentido el crecimiento debe generarse de una manera organizada y planificada. El trabajo que se ha hecho es bastante adecuado".
Existe consenso en que la batería de propuestas presentadas está pensada en el todopoderoso libremercado, y en cómo dejarlo minimizando el impacto en la ciudad. "El rol del mercado es vital, por eso se entiende esto como un concepto de crecimiento inteligente. Se trata de regular el mercado, pero dejando que actúe minimizando las fallas del mercado que habían producido en la versiones anteriores del PRMS, como el ’94, cuando se definió el limite urbano y los terrenos se dispararon a tal nivel al interior de la ciudad que no quedaron tramos para la vivienda social", plantea el urbanista de la Universidad Católica Pablo Allard, quien cree que esta vez no se trata sólo de una línea que se corre para liberar terrenos sin Dios ni ley.
ÚNICO PLAN REGULADOR QUE NORMA TODA SU SUPERFICIE
►El Plan Regulador Metropolitano de Santiago fue aprobado en 1994, considerando las provincias de Santiago y Cordillera, y a las Comunas de San Bernardo y Calera de Tango.
►En 1997 se incorporó la provincia de Chacabuco y en el año 2003 los Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC).
►En octubre de 2006 se incorporaron al PRMS las provincias de Talagante y Melipilla, y las comunas de Buin y Paine, convirtiéndose la Región Metropolitana en la única del país que cuenta con un instrumento de planificación que regula toda su superficie.
Fuente: La Nación Viernes 18 de abril de 2008
Un plan concertado para Santiago
Como un claro signo de la creciente importancia que tienen para la gente las políticas urbanas y el desarrollo de las ciudades, se ha iniciado en los medios de comunicación un gran debate sobre el crecimiento de Santiago y su planificación, el cual se debiera intensificar producto de la decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de concordar con el consejo regional la actualización del Plan Regulador Metropolitano de santiago (PRMS) durante 2008.
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por Luis Eduardo Bresciani
Este debate da cuenta no sólo de la importancia que la planificación urbana de la importancia que la planificación urbana tiene en la construcción de mejores ciudades sino que nos alerta sobre la necesidad de lograr mayores consensos que faciliten el desarrollo de nuestras urbes a largo plazo, haciendo de la práctica de actualizar nuestros planes reguladores una tarea permanente y no extraordinaria o polémica.
Si bien el PRMS ha registrado modificaciones, como la innovadora incorporación del sistema de Desarrollo Urbano Condicionado, lo cierto es que la zona que comprende a la provincia de Santiago y a las comunas de Puente alto, San Bernardo y Calera de Tango no ha sufrido revisiones significativas en más de 14 años. Este período supera el tiempo razonable de evaluación de un plan y nos obliga a su actualización para responder a las crecientes demandas urbanas.
Por ello se requiere instalar el consenso respecto de que la efectividad de todo plan regulador depende de su capacidad y flexibilidad para adaptarse a nuevos problemas y demandas.
Otro aspecto clave para el éxito de las reformas al PRMS radicará en el proceso de aprobación de los cambios. Aunque en los últimos años se ha impuesto una discusión más informada sobre el tema, reorientada hacia las condiciones y exigencias que garanticen un desarrollo urbano de calidad, aún son necesarios mínimos acuerdos sobre los procesos de participación en la planificación urbana. Cuando esto se logre, se reducirá la innecesaria conflictividad que hoy tiene modificar un plan regulador.
En esta línea, el gobierno ha enviado al Congreso un amplio proyecto de ley sobre planificación urbana que, entre otras materias, incorpora mayores espacios de participación en la formulación de los planes reguladores, principios que podemos aplicar al PRMS, posibilitando un proceso participativo que permitan al Consejo Regional aprobar con amplio consenso las reformas al plan.
Desde esta perspectiva, el éxito y efectividad de estos ajustes al PRMS no sólo radicará en aplicar efectivos condicionamientos al desarrollo urbano, sino en la calidad del proceso de acuerdos respecto a qué zonas de la ciudad son las factibles de ser reconvertidas o incorporadas como suelo urbano.
Sabemos que aunque la actualización del PRMS incluye aspectos tan relevantes como la reconversión de zonas industriales, el fortalecimiento de los corredores de transporte, las áreas verdes y subcentros metropolitanos, será la revisión de los límites urbanos la materia de mayor debate, dados los efectos que esta norma genera sobre los mercados del suelo y materias ambientales.
De la calidad de este debate dependerá aprovechar esta oportunidad para construir consensos estables en el tiempo, que faciliten la concertación entre el gobierno regional, los municipios, ministerios, el sector privado y la comunidad, incrementando la transparencia de estos procesos y la efectividad de las normas. De ello depende, en gran parte, el desarrollo de nuestras ciudades y las oportunidades de sus habitantes para acceder a más calida de vida urbana.
Fuente: La Tercera, miércoles 19 de marzo de 2008
Santiago al límite
Desde diciembre de 2006, la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda (Minvu) de la Región Metropolitana inició un proceso de actualización del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), de manera de satisfacer, como ha manifestado la autoridad, las demandas urbanas de municipios y privados a un horizonte de 20 años plazo. Esta actualización, que eventualmente ampliaría el cuestionado límite urbano de nuestra ciudad, dependerá en parte de la facilidad con que se aprueben las propuestas técnicas en organismos sectoriales y regionales, como el Consejo Regional (Core).
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por Pablo Allard
La actualización considera la ejecución de estudios básicos y proposición de normativa y zonificación. Asimismo, la Seremi anunció que todas las solicitudes de ampliación del límite urbano o cambio de usos de suelo definidos en el PRMS no serán acogidos de forma individual, sino que sólo como parte de este estudio general.
Inmediatamente surgieron voces en pro y en contra, ya que parte importante de este proceso tiene que ver con eventuales cambios de uso de suelo en aquellas áreas agrícolas ubicadas inmediatamente contiguas al límite urbano.
Preliminarmente, la propuesta considera la reconversión de unas dos mil hectáreas al interior de la ciudad y el agregado de hasta unas 8.000 hectáreas en los bordes. Para unos esto es un atentado a la preservación del patrimonio agrícola de la región, producto de presiones especulatorias, y para otros una manera efectiva de corregir distorsiones y conducir en forma coherente dinámicas propias del mercado de suelos y el desarrollo de la ciudad.
Lo primero que hay que precisar respecto a esto eventuales cambios, es que a diferencia de tiempos pasados, en esta ocasión el cambio de uso de suelo no será automático ni gratuito. Estamos hablando de territorios que podrían ser urbanizados siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. En otras palabras, el cambio no será gratis para los propietarios o desarrolladores de dichos territorios, ya que combinarían nuevas normas y condiciones que aseguren que gran parte de los impactos y costos sociales y económicos producidos por estos cambios serán internalizados en los propios territorios beneficiados. En este sentido, antes de “amarrarse a un árbol” para defender el patrimonio agrícola, o en el otro extremo, “preparar los bulldozers” es importante entender el tono de estos ajustes.
Parte importante del espíritu que motiva este condicionamiento se basa en criterios generales que pretenden establecer equilibrios entre comunas y cierto grado de equidad territorial. El límite urbano existe desde el PRMS de 1994, como una medida de control del crecimiento de la ciudad, y su aparición generó toda una serie de distorsiones en el mercado de los suelos y discusiones respecto a su delineación. La experiencia muestra que la ciudad requiere de instrumentos de planificación dinámicos y flexibles, que ordenen el territorio y se adapten con facilidad a las necesidades de los ciudadanos. En este sentido, el límite urbano de 1994, se trazó en base a un contexto totalmente distinto al actual, sin autopistas urbanas, con un aeropuerto como Cerrillos operativo y comunas periféricas que aún no se integraban a las actuales dinámicas de crecimiento. Con el pasar de los años se buscaron alternativas para aliviar la presión y discrecionalidad de los cambios y en 1997 y 2003, respectivamente, se define el mecanismo de los desarrollos condicionados para urbanizar territorios fuera del límite. Este es el caso de las Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado de Chacabuco (ZDUC) o los Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en el resto de la región.
Estas verdaderas “ciudades satélite autosuficientes” consideran compromisos privados de inversión e infraestructura y mitigaciones, y es de vital importancia evitar la “competencia desleal” o “cambio de reglas del juego” para estos mega proyectos que sólo en el caso de Pudahuel superan los 500 millones de dólares de inversión privada.
Es importante que la actual revisión del límite urbano se haga bajo criterios objetivos, necesarios y suficientes, pero no excesivos, de manera de equiparar las condiciones de desarrollo de estos nuevos territorios con los otros desarrollos en curso en la región.
Los criterios básicos que eventualmente se estarían considerando para condicionar el cambio de uso de suelo o límite urbano serían: (a) Riesgo Ambiental: Áreas sin restricciones por riesgos ambientales no mitigables. (b) Integración Urbana: Áreas en continuidad funcional urbana (tejido urbano, acceso a servicios). (c) Accesibilidad: Áreas contiguas a corredores de transporte metropolitanos y regionales. (d) Factibilidad Sanitaria: áreas factibles de ser dotadas con infraestructuras sanitarias. (e) Regularización Urbana: Áreas ocupadas urbanamente con bajas densidades que requieren ser regularizadas.
La seremi Minvu ha señalado que el estado actual de la modificación al PRMS es de gran avance, y en las próximas semanas se expondrán los cambios al Core.
Es de esperar que este complejo proceso, que hasta ahora se ha manejado desde una perspectiva netamente técnica, cuente con los grados de objetividad y altura de miras necesarios para enriquecer su desarrollo, ahora que entra en la nebulosa discusión política, donde los intereses y posiciones fácilmente pueden desvirtuar y entorpecer el futuro de nuestra región.
Fuente: La Tercera, domingo 9 de marzo de 2008
Crecimiento urbano obliga a planificar ciudades más pobladas
El explosivo crecimiento de las ciudades del país, que sólo en la década pasada registró un aumento del 17%, obligó al Gobierno a enviar el miércoles pasado un proyecto para modificar la Ley de Urbanismo y Construcciones y que facilite y acelere la planificación urbana a nivel regional, comunal y de barrios.
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Por VÍCTOR ZÚÑIGA
Tal expansión en esas áreas, en que vive hoy el 87% de la población -casi 14 millones-, se hará más ostensible en cinco nuevas zonas urbanas para el año 2030, según el Ministerio de la Vivienda.
Ellas son Iquique, Antofagasta, La Serena-Coquimbo, Temuco-Padre Las Casas y Puerto Montt-Puerto Varas.
Las ciudades con una fuerza centrípeta imparable lo absorben todo.
No sólo aglutinan hoy el 87% de la población del país, sino que además concitan el crecimiento económico y el bienestar social y laboral de la gente.
Pero a la vez nutre los conflictos urbano-ambientales, la segregación y el acceso desigual de los habitantes a servicios y la infraestructura de la ciudad.
Y es este nuevo contexto que ya llevó al Gobierno, a través del Ministerio de la Vivienda, a proyectar que este pujante motor urbano hará consolidar 5 nuevas áreas metropolitanas en Chile para el año 2030, más allá del crecimiento de las megaciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción.
Ellas son Iquique, Antofagasta, La Serena/Coquimbo, Temuco/Padre Las Casas y Puerto Montt/Puerto Varas.
Por lo tanto, la planificación urbana cobra una importancia extraordinaria ante esta realidad apremiante, razón por la cual la ministra subrogante de la Vivienda, Paulina Saball, destaca el envío el miércoles pasado al Senado del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones de 1975 que aborda este desafío nacional desde ahora.
"Cuando este proyecto se convierta en ley va a significar la reforma urbana más importante de los últimos 30 a 50 años", afirma al producirse una discusión por primera vez sobre esta materia en el Congreso.
Asegura que el crecimiento de Iquique es impresionante, junto a Alto Hospicio; que Antofagasta ha experimentado todo un desarrollo estructural mejorando la calidad de vida de su población; que La Serena/Coquimbo conforman un espacio urbano de potencial turístico, residencial, comercial, patrimonial y que Puerto Montt/Puerto Varas es otro núcleo con un crecimiento notable en los últimos años, así como Temuco/Padre Las Casas.
"Ojo que habrá también un crecimiento de las ciudades pequeñas y medianas en el país como Coihaique, Osorno, Chaitén, Arica, Talca, Rancagua, Punta Arenas y tantas otras que deberán regular su desarrollo urbano a tiempo", precisa.
Y es por ello que el proyecto de ley busca permitir y mejorar la participación ciudadana, ampliar los espacios de concertación entre la inversión pública y privada, y fortalecer las capacidades locales de planificación y recuperación de espacios públicos, infraestructuras y barrios.
También resaltó que la nueva normativa permitirá facilitar los procesos de actualización de los planos reguladores en escala regional, intercomunal y comunal, garantizar a través de compensaciones y condiciones los proyectos urbanos más sustentables así como acoger la diversidad de barrios y ciudades con tipos de planes a escala de sus realidades y racionalizar la construcción en áreas rurales.
"Es por ello que el proyecto de ley, que tiene 50 artículos y 3 transitorios, en el ámbito de la planificación urbana introduce facultades expresas para la participación y descentralización, la planificación integrada y el mejoramiento de barrios", explica.
Paulina Saball advierte que este proyecto de ley no podrá resolver por sí solo toda la problemática urbana, razón por la que aclara que habrá que enviar otras tres iniciativas complementarias a futuro: un proyecto de Ley de Impacto del Desarrollo Urbano, Proyecto de Ley sobre Plan Regional de Desarrollo Territorial, y Proyecto de Ley para la Integración Social.
La secretaria de Estado presentó personalmente el proyecto a los senadores.
Cómo será la participación en la reforma
La ciudadanía podrá participar en diversas etapas del proceso.
El proyecto de ley establece que se obligará a todos los organismos del Estado y a las empresas de servicios públicos a proporcionar la información necesaria para la planificación urbana, aspecto que parece obvio, pero que hoy no existe.
"Asimismo, todo ciudadano tendrá acceso libre a los antecedentes que conforman el proyecto de plan regulador, desde su inicio, durante el trámite de aprobación y una vez aprobado", dice el texto.
También se incorpora a la ciudadanía y organismos públicos a los procesos de elaboración de los instrumentos de planificación urbana, cualquiera sea su nivel, agrega.
Se explica que hoy la participación ciudadana se reduce a instancias informativas en las etapas de aprobación y sólo para los Planes Reguladores Comunales.
En cambio, ahora, la nueva etapa de planificación urbana se materializará en un nuevo instrumento denominado "Esquema Director", el cual definirá la "imagen objetivo" del desarrollo futuro de la comuna, intercomunal o ciudad.
Por su carácter general y estable en el tiempo, el "Esquema Director" constituirá la base para fomentar los consensos sobre la visión general del desarrollo urbano, sobre la cual se elaborarán luego las normas técnicas específicas aplicables al suelo y las posteriores actualizaciones de cada plan regulador, indica la iniciativa.
La imagen objetivo y el conjunto de principios establecidos en dicho esquema deberán luego ser recogidos por el plan regulador respectivo mediante normas que luego serán aprobadas conforme a los procesos descentralizados de hoy.
También el proyecto de ley perfecciona los procesos de actualización y planificación a escala de barrios y sectores en los Planes Reguladores Intercomunales y Comunales.
Senador Horvath: Temor a "derramar" ciudades sobre suelo agrícola
Dijo que habrá que ver con "pinzas" qué ocurre con la flexibilización de los límites urbanos para evitar que las áreas urbanas arrasen las zonas rurales, especialmente agrícolas y verdes.
El presidente de la comisión de Vivienda del Senado, Antonio Horvath (RN), expresó que el proyecto de ley del Gobierno facilitará y agilizará la planificación urbana en cuanto a los procedimientos que se aplican para ello, pero indicó que habrá que estar atento a la flexibilización de los radios urbanos de las ciudades para evitar avasallamiento del suelo rural, agrícola y verde del país.
"No queremos que esto se flexibilice, de forma que las ciudades se derramen en el poco suelo agrícola y verde que nos queda en Chile. Es por eso que tendremos que verlo con pinzas", advirtió.
El parlamentario valoró la decisión del Gobierno de llevar este cambio legal a través del Congreso Nacional, hecho sin precedentes, puesto que la Ley de Construcción y Urbanización de 1931 y la Ley General de Urbanismo y Construcciones de 1975 fueron dictadas ambas mediante Decreto con Fuerza de Ley (DFL), es decir, sin pasar por el Parlamento.
La comisión invitará a 15 organizaciones para escucharlos a todos en tres sesiones, para luego proceder a votar en general y más tarde llevar el debate a la sala en abril y así entrar "al área chica" desde entonces, adelantó.
El parlamentario fue consultado por la situación hoy delicada del Gobierno y de los partidos políticos que conforman la Concertación, varios de cuyos militantes han debido abandonar sus colectividades por fuertes conflictos internos, lo que repercutiría en la falta de votos: "No, eso no es problema. En este tema hay apoyo transversal".
En cuanto a la iniciativa en sí, dijo que mejora en forma radical los procedimientos para facilitar y agilizar la planificación urbana, pero carece de la institucionalidad que mire el desarrollo de las ciudades a 30, 40 y 50 años. "Los planos reguladores que antes demoraban 4 a 5 años, ahora con esta modificación podrían hacerse en seis meses", planteó.
"El proyecto va al fondo de los procedimientos, pero no va al fondo de la institucionalidad en cuanto a participación ciudadana y la visión de las ciudades. Habrá que podar y agregárselo", añadió.
FENÓMENO
METRÓPOLI. Santiago es especial por absorber gente de otras ciudades y del campo.
Fuente: El Mercurio Lunes 21 de enero de 2008
Crearán institucionalidad para que la ciudadanía pueda participar en la planificación y uso del territorio
Comisión de Vivienda del Senado propondrá al Ministerio de Vivienda y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) que se estudie la creación de una instancia que incluya la participación ciudadana en la gestión del territorio.
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Con el fin de evitar fracasos como el Transantiago, Merval o Biovías y para tener una mejor calidad de vida en las ciudades, la Comisión de Vivienda acordó crear junto al Ejecutivo, una nueva institucionalidad que incluya la participación de la ciudadanía en la planificación, gestión y uso de las áreas urbanas.
Así lo afirmó el senador Antonio Horvath, presidente de la instancia quien señaló que “este tipo de institucionalidad se ha desarrollado con éxito en otros países contribuyendo a mejorar la calidad de vida, armonizando el crecimiento de las ciudades y respetando los hitos históricos y patrimoniales de las mismas”.
Asimismo expresó que hasta el momento “hemos transitado por la vía de los tropiezos, grandes desavenencias y fracasos que muchas veces han terminado en los tribunales. Hoy día, prácticamente en todos los proyectos relevantes de cómo hacer ciudad están participando los representantes de los sectores público y municipal, pero no hay ninguna instancia que incluya la participación de la comunidad”.
Por estas razones, el senador Horvath aseguró que “en conjunto con los representantes de la Fundación Defendamos la Ciudad: Patricio Herman, Patricio Groos y Enrique Vial; del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional queremos generar una Comisión para la planificación de las ciudades”.
Aseguró que “se trata de recoger la experiencias de otros países, en especial Estados Unidos, con las “planning commission” que integran al Ejecutivo, los ciudadanos y los privados para revisar los proyectos sobre ordenamiento territorial”.
Del mismo modo, anunció que “acordamos con el Ministerio de Vivienda que realice el traspaso de sus atribuciones sobre el ordenamiento territorial a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y, desde ahí a los gobiernos regionales para que se den mejores instancias de participación”.
El senador Horvath añadió que “en materia de Ley de Bases del Medio Ambiente hemos aprobado en la Comisión de Medio Ambiente con el respaldo de la CONAMA que, todo estudio de impacto ambiental va a tener que hacerse cargo de los ordenamientos territoriales que se ven en las distintas regiones del país”.
Anticipó que “en la próxima sesión de la Comisión de Vivienda invitaremos a la Ministro de Vivienda, Patricia Poblete y a la SUBDERE, Claudia Serrano para que junto a los representantes de organizaciones sociales podamos avanzar en la creación de esta institucionalidad para la planificación integral del territorio con la participación de las todas las instancias”.
Fuente: Periódico Electrónico Senado - Edición 155 Valparaíso | 20/11/2007
Fallo obliga a Vitacura a realizar plebiscito
Residentes del sector Escrivá de Balaguer y calles interiores desean que una consulta decida el cambio del plano regulador.
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por EUGENIO DROGUETT FIERRO
La Contraloría acogió dos presentaciones de los vecinos agrupados en "Defendamos Vitacura", situación que obligaría al alcalde Raúl Torrealba a realizar finalmente un plebiscito que había sido solicitado para el 20 de diciembre pasado, aprobado por el Servicio Electoral, pero que sin embargo fue desechado por la autoridad edilicia.
Los vecinos, mayoritariamente de Escrivá de Balaguer y calles interiores, se oponen al cambio del plano regulador del sector que permitiría la construcción de edificios en altura y exigen que esa materia sea resuelta mediante un plebiscito, para lo cual presentaron ocho mil firmas al Servicio Electoral, de acuerdo con la reglamentación vigente.
Las presentaciones contra el decreto de Torrealba, que eludía el plebiscito, y otro en contra de Luis Bresciani, jefe de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, fueron acogidos por la Contraloría, según informó anoche el abogado Rodolfo Terrazas, autor de los escritos y dirigente de la agrupación vecinal.
Hoy, cerca del mediodía, en el frontis de la Municipalidad de Vitacura, la agrupación de vecinos dará a conocer todos los detalles de los dictámenes del organismo fiscalizador.
El movimiento de resistencia ciudadana que iniciaron vecinos del sector Escrivá de Balaguer ya se ha extendido al cuadrante comprendido entre las calles Benito Juárez, Fernando de Argüello-Tupungato, Corte de Apelaciones y avenida Kennedy, lugar para el cual existen planes de construcción de innumerables edificios de altura.
En Escrivá de Balaguer, donde comenzaron las diferencias entre residentes y autoridades de la comuna, actualmente esa zona está considerada "residencial" y permite construir sólo hasta dos pisos de altura.
Los proyectos de las inmobiliarias contemplan edificaciones de 12 pisos que pueden elevarse a 15 si se hace uso de la norma de "conjunto armónico".
El alcalde Torrealba solicitó un estudio en derecho para inclinarse por la negativa a la consulta ciudadana, a la cual, al parecer, tendrá que acceder.
Fuente: El Mercurio Sábado 13 de octubre de 2007
Necesitamos una ley urbana de verdad
El suelo es la materia fundamental del acto urbanizador. Sin suelo no hay ciudad ni tampoco ámbitos propicios para el desarrollo del individuo.
Tratado hasta ahora como un simple soporte físico de las actividades socioeconómicas, el suelo debe ser considerado como el elemento primordial de la actividad urbanística.
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Por Jonás Figueroa, Profesor de Arquitectura de laUniversidad de Santiago de Chile.
Ya no es posible continuar con el consumo inescrupuloso de suelos de alta calidad ambiental y climática, llevándonos a instalar cualquier cosa en cualquier parte y desconociendo las capacidades de acogida y los riesgos que ello acarrea.
Este desconocimiento nos ha llevado a instalar viviendas en áreas inundables y parques en zonas áridas.
Días atrás, el arquitecto Luis Eduardo Bresciani dio a conocer la agenda urbana que prepara el Minvu para afrontar los asuntos de su competencia. En ella, aparece mencionada la nueva Ley de la Planificación Urbana.
Una breve lectura del borrador de la citada ley indica que la misma no es más que un abultado recuento de modificaciones parciales de la actual Ley General de Urbanismo y Construcciones, quedando olvidadas las definiciones normativas de las cuestiones fundamentales en que incurre la acción urbanizadora.
Tal como la ley vigente, el texto propuesto deja de lado la definición de los aspectos jurídicos y urbanísticos que condicionan la producción urbana del recurso suelo. Definiciones cada vez más necesarias, teniendo presente los efectos positivos y negativos asociados con la acción de los organismos públicos y privados en la ciudad.
Superar las limitaciones y carencias que registran los cuerpos legales vigentes aconseja que cualquier reforma modernizadora debe centrar su atención en los asuntos medulares que configuran el acto urbanístico.
Los temas accesorios, tales como los relativos a los instrumentos de planificación, pueden ser atendidos por el desarrollo reglamentario de la ley.
Disponer de una ley estrictamente urbanística, dejando para otros códigos los asuntos relacionados con la construcción, también constituye un ejercicio modernizador.
Con ello, la nueva ley de urbanismo pondría en su justa importancia esos temas medulares que echamos en falta.
Hoy más que nunca, es necesario que la actividad urbanística, como expresión de los muchos intereses que convergen sobre el territorio, supere los conflictos que envuelven su ejercicio y que promueven la especulación de los precios del suelo, la destrucción de las áreas naturales y urbanas, la discrecionalidad administrativa.
Fuente: Urbanismo y Construcción, Ediciones Especiales El Mercurio 26/07/2007
Alternativas para ganar más suelo
Desarrollos urbanos condicionados: Se estima que en la capital sólo quedan 2 mil hectáreas, las que se gastarían en dos años y medio.
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Por Oriana Olivos Marín
Luego de casi diez años de su creación, las Zonas de Desarrollo Condicionado (Zoduc) están mostrando signos de materialización. Así, hasta la fecha, según datos de la Cámara Chilena de la Construcción, existen seis proyectos con convenios de mitigación suscritos con el Ministerio de Obras Públicas, ubicados en la Provincia de Chacabuco en la Región Metropolitana que, en total, albergarán cerca de 57.000 viviendas.
¿Ha sido un acierto de la autoridad haber concebido esta nueva forma de crecimiento y planificación urbanos?
Comenta Javier Hurtado, de la Gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, que los Zoduc y sus variantes, como las PDUC, permiten emprender proyectos inmobiliarios fuera del límite urbano de la ciudad, siempre y cuando cumplan con las normas exigidas por el planificador. "La idea central es incorporar nuevo suelo a la ciudad pagando por los impactos sociales del desarrollo".
Dice Javier Hurtado que si bien estas iniciativas están correctamente orientadas desde el punto de vista de la eficiencia del desarrollo urbano, es necesario perfeccionar e incluso replantear los mecanismos. "Por ejemplo, algunos aspectos que debieran revisarse se relacionan con que los mecanismos condicionados actuales (Zoduc, PDUC y AUDP) no son todo lo objetivos que debieran en la cuantificación de externalidades y en la definición de las mitigaciones asociadas. De hecho, la normativa sólo aspira a que se incorporen las externalidades negativas y no las positivas de la localización. Además, no es un sistema que esté abierto a utilizar los mercados cuando es posible".
Agrega que nuestra institucionalidad no está preparada para aceptar y facilitar el desarrollo de proyectos bajo esta metodología, lo cual se traduce en procesos de tramitación inciertos, largos y costosos. "Asimismo, es necesario definir el rol y competencia municipal en estos proyectos".
Básicamente, explica Javier Hurtado, las externalidades que se han mitigado en este tipo de proyectos se definen según lo que indica un Estudio de Impacto Urbano, aprobado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con participación de otros organismos (como los ministerios de Obras Públicas, Transportes y Agricultura), además de los requerimientos que realiza la normativa ambiental a los proyectos de inversión del sector inmobiliario. Por su parte, las municipalidades involucradas también han exigido ciertas compensaciones.
En la práctica, esto se ha traducido en inversión en vialidad, colectores de aguas lluvia, equipamientos de varios tipos, mitigación de riesgos naturales y áreas verdes.
Costos relativos
Plantea Javier Hurtado que a pesar de las cosas que aún se deben mejorar en materia de Zoduc y similares, este sistema sigue siendo una buena alternativa de inversión inmobiliaria. "Dada la restricción de suelo que tenemos hoy en Santiago (disponibilidad de cerca de 2.000 hectáreas que alcanzarían para no más de dos años y medio de consumo), la posibilidad de habilitar nuevos paños, pagando por los impactos derivados de ello, soluciona el problema de la escasez y beneficia a todos, desarrolladores y compradores".
Pero ¿resulta más caro o más barato comprarse una vivienda en Zoduc? Enfatiza Javier Hurtado que el valor de una vivienda en un desarrollo condicionado va a ser resultado de la suma de un suelo bruto relativamente barato (comparado con uno ubicado al interior de la ciudad); una urbanización más cara, ya que incorpora costos de mitigaciones y macro urbanización, los cuales no se consideran en los proyectos tradicionales y el costo por metro cuadrado de construir la vivienda que es similar en todos los casos.
"En definitiva, el que la vivienda sea más cara o más barata va a depender del peso relativo de las variables anteriores. Lo importante es que desde el punto de vista de la sociedad es mucho más conveniente crecer vía desarrollos condicionados que por extensiones arbitrarias del límite urbano".
Fuente: Ediciones Especiales El Mercurio 26/07/2007
Demandan someter a debate público proyecto de Ley de Planificación Urbana
Fundación Defendamos la Ciudad manifestó que es necesario que este tema sea conocido por todos los sectores "para generar un debate entre todos los actores relevantes y con toda la gente que tenga interés, para que se aporten ideas a objeto de tener un texto absolutamente consensuado y que obedezca a lo que la ciudadanía quiere".
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por Gabriel Angulo
La necesidad de someter a un debate amplio que permita incorporar las inquietudes de la ciudadanía, y al mismo tiempo que se discutan varios aspectos del proyecto de ley de Planificación Urbana que impulsa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), planteó la Fundación Defendamos la Ciudad, luego de enterarse que la iniciativa sería analizada este viernes en el Palacio de La Moneda, para que luego el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) lo remitiera al Congreso.
La preocupación de la entidad radica principalmente en las amplias atribuciones que en dicha normativa se entregan al Minvu sobre prácticamente el 100% del territorio nacional y la poca claridad respecto a mecanismos concretos para garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los planos reguladores locales o respecto al uso de los suelos, entre otras materias.
“Lo que la Fundación Defendamos la Ciudad desea es que estos documentos se hagan de conocimiento público, para generar un debate entre todos los actores relevantes y con toda la gente que tenga interés, para que se aporten ideas a objeto de tener un texto absolutamente consensuado y que obedezca a lo que la ciudadanía quiere, igual que los países que tienen sistemas democráticos”, dijo el representante de la citada organización, Patricio Herman.
A su juicio, ello permitiría que las decisiones sobre estas materias dejen de ser objeto del análisis sólo de “mesas de trabajo” cuya conformación –sostiene- no son de carácter público, aunque cree que tendrían como integrantes a representantes del sector privado, que utilizarían resquicios de carácter técnico para velar por sus propios intereses.
“Nosotros queremos que haya un gran debate abierto, que este tema sea tratado en las universidades, por ejemplo, en las escuelas de arquitectura de las universidades de Chile, Católica, de Santiago y en todas las instancias, porque necesariamente es una ley que cambia radicalmente lo que tenemos, y lamentablemente cuando éstos temas llegan al Parlamento, los legisladores que manejan estas materias son muy pocos y no se produce el necesario debate que nosotros quisiéramos”, señaló.
En ese sentido, manifestó que parlamentarios como los senadores Antonio Horvath (RN) y Alejandro Navarro (PS) o los diputados Patricio Hales (PPD) y Carlos Montes (PS) figuran entre los pocos que manejan a cabalidad estas materias, pero que con el envío directo al Congreso se corre el riesgo de que la Cámara y el Senado actúen sólo como “buzones”, advirtiendo que "es así es como se han cometido infinidad de errores en materias de urbanismo”.
Asimismo, aclaró que si bien no tiene un juicio a priori sobre las ventajas o desventajas de la normativa, sí tiene algunas aprensiones que le gustaría discutir con la autoridad. “Hay cosas que a mí me producen altos grados de confusión, que es el intento del Minvu para que en los sectores rurales exista una especie de libertinaje para expandir la ciudad”, sostuvo.
Al respecto, dijo que su temor radica en que vuelva a repetirse una situación como la expansión urbana sobre terrenos agrícolas ocurrida el año 2003 cuando era ministro de Vivienda Jaime Ravinet (DC), recordando que se trató de una decisión ampliamente resistida por grupos ambientalistas, que en un primer momento fue rechazada por el Consejo Regional Metropolitano (CORE), lográndose su aprobación, a su juicio, de manera “fraudulenta”, tras una segunda votación.
"No es un secreto la ‘mano inmobiliaria’ de la Democracia Cristiana, que es el partido político que tiene en propiedad la titularidad del Ministerio de la Vivienda desde hace muchos años en este país. Ellos tienen vocación y se dedican mucho al negocio inmobiliario, entonces nosotros no tenemos ninguna duda de que este proyecto de ley tiene un sesgo pro inmobiliario y esa es la razón por la cual en las zonas agrícolas se puedan implementar actividades de construcción, cosa que hoy día no está permitida en la legislación, aunque sí fue permitido solamente para la Región Metropolitana a raíz de la expansión urbana el año 2003”, advirtió.
Algunas propuestas
Herman sostuvo que si este tema se abre a la discusión pública y deja de ser un “tabú”, como a su parecer lo son casi por tradición todos aquellos referidos a urbanismo y vivienda, se abre una inmejorable oportunidad para introducir una serie de propuestas tendientes a “hacer una ley que obedezca a lo que realmente se requiere para tener desarrollo sustentable y no para crear espacios para obtener ganancias económicas”.
Entre ellas, planteó la idea de rescatar un antiguo proyecto que ingresó al Parlamento el año 1997 y que crea una Ley de Captura de Plusvalía, para que la variación en el valor de los terrenos que implica el cambio de uso de suelo de zonas agrícolas a urbanas se traduzca también en recursos para que el Estado los destine a obras en beneficio de la población.
“Un particular que sea propietario de 500 hectáreas de terrenos calificados como rurales, el hecho que éstos se transformen en urbanos le significan plusvalías patrimoniales importantísimas que de una u otra manera también sirven para mejorar sus garantías en el sistema financiero”, ejemplificó Herman, agregando que “lo que se pretende es que cuando se producen estas intervenciones en las ciudades o modificaciones a los planos reguladores comunales, lo lógico es que la plusvalía que se genera sea compartida por el Estado para que se focalice en materializar, por ejemplo, caminos que no son de interés económico para los privados, o viviendas sociales de buena calidad”.
El representante de Defendamos la Ciudad dijo, no sin ironía, que “en los países civilizados, aquellos países serios donde las cosas se hacen siempre pensando en el bien superior de la población, existen en materia urbana normativas que establecen precisamente esta captura parcial de las plusvalías que se generan en los diferentes territorios cuando por decisiones de las autoridades se modifican los usos de suelo”.
Por otro lado, dijo que en el proyecto de Ley de Planificación Urbana, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Ejecutivo “tiene la gran oportunidad de incorporar una normativa clara y acotada sobre participación ciudadana”, ya que a su juicio se habla de ella “en términos muy genéricos”.
“No cuesta nada hablar de participación ciudadana, pero todo queda en el limbo. Entonces lo que queremos es que haya un articulado muy completo donde quede claro que la participación ciudadana es un derecho humano y es un derecho que está contemplado en la ley para que cada comuna defina su planificación urbana de acuerdo a lo que los ciudadanos decidan”.
Ello permitiría que se cumpla, por ejemplo, con el artículo 100 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece consultas ciudadanas vinculantes, democráticas, abiertas e informadas cuando vecinos organizados logren reunir el 10% de firmas necesarias para que el municipio se vea obligado a someter algunas decisiones a plebiscito. Al respecto, mencionó como ejemplo el caso de Vitacura, donde pese a que la comunidad cumplió con todos esos requisitos, el alcalde –Raúl Torrealba- “se hizo el loco y no hizo absolutamente nada”.
Finalmente, Herman dijo que él y representantes de otras organizaciones extrañan que exista también una planificación de mediano plazo para que las comunas urbanas de la Región Metropolitana y del resto del país acomoden sus planos reguladores de manera que exista una relación directa entre cantidad de habitantes y metros cuadrados de áreas verdes. “Entonces ahí los alcaldes pro inmobiliarios, que hay muchos como Pedro Sabat de Ñuñoa o Francisco de La Maza de Las Condes, podrían impulsar sus proyectos, pero generando al mismo tiempo las áreas verdes necesarias para mantener siempre un cierto equilibrio”, precisó.
Enlace al anteproyecto: http://www.elmostrador.cl/c_pais/imagenes/anteproyecto_planificacion.pdf
Fuente: El Mostrador 13 de Junio de 2007
Regulan expansión urbana
ORIANA OLIVOS MARÍN
Este año comenzó con interesantes novedades en materia de planificación urbana.
La incorporación de doce nuevas comunas al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PMRS), a fines de 2006, y el anuncio de la actualización de este instrumento ordenador dan cuenta de la importancia de rayar la cancha para que la capital siga creciendo en forma armónica y sostenida.
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La primera medida permite incorporar 550 mil hectáreas al desarrollo urbano de la Región Metropolitana. El nuevo territorio comprende las provincias de Talagante y Melipilla, por el surponiente, y las comunas de Buin y Paine, por el sur. "Con este gran paso se concluye un hito en la planificación al quedar plenamente regulado todo el territorio regional", explica Nelson Morales Lazo, seremi de Vivienda y Urbanismo.
Parcelas de agrado
Esta decisión nace luego de un estudio, que ha llevado años de trabajo y que permitió determinar las respectivas necesidades de desarrollo de las comunas incorporadas.
"El crecimiento de estas ciudades, fuera del anillo urbano del Gran Santiago, ha experimentado un salto importante y lo ratifica la tendencia de que la gente ha optado por localizarse hacia las salidas de la capital en parcelas de agrado, provocándose un proceso de suburbanización que requiere cuanto antes ser controlado para que no se continúe creciendo en forma caótica y sin sentido".
En estricto rigor, según el seremi, con esta medida se pone fin a las clásicas parcelas de agrado, cuya subdivisión predial mínima era de media hectárea y que en estas últimas décadas han proliferado en las zonas aledañas a estas comunas sin estar sujetas a planificación alguna.
"Como todo el nuevo territorio regional está bajo el paraguas del PMRS, queda sin efecto el decreto 3.516 del Ministerio de Agricultura. De ahora en más, con el nuevo rayado de cancha, estas parcelas, en el caso de que la ley lo permita, serán de cuatro hectáreas hacia arriba".
Pero eso no es todo. Agrega Nelson Morales Lazo que los impactos positivos son varios. "Lo más relevante es que se reconoce que las ciudades de estas comunas existen. También se les da un área urbana y, además, se les concede territorio para su futura expansión. Asimismo, la incorporación de estas doce comunas presenta una serie de desafíos para los gobiernos locales en el sentido de la forma cómo van a enfrentar el futuro crecimiento urbano que se les avecina".
Con condiciones
Según Nelson Morales, el hecho de incorporar más territorio a la planificación no implica que se puedan hacerse desarrollos inmobiliarios en cualquier parte. De las 550 mil hectáreas, quedan excluidas 531 del desarrollo urbano por tener valor de interés natural.
En tanto, sólo se podrán construir grandes conjuntos habitacionales (o industriales) siempre y cuando los inmobiliarios cumplan ciertas condiciones, como equipamiento, obras de aguas lluvia y vialidad. Tampoco se podrán proyectar en cualquier lugar. El PRMS dejó para ello 55 mil hectáreas de interés silvoagropecuario, siempre y cuando las condiciones del terreno así lo permitan.
Comenta el seremi que si algún inmobiliario está interesado en gestar un proyecto de esta naturaleza, deberán regirse por los procedimientos estipulados en el PRMS planteados para las Zonas de Desarrollo Condicionado (Zoduc). También debe tener el visto bueno de las Seremi de Vivienda y Urbanismo y de Agricultura y la aprobación del municipio, el que establecerá si el proyecto es o no de interés local. Una vez pasadas estas instancias, se establecen los condicionamientos con el fin de que los inmobiliarios se hagan cargo de todas las externalidades que genera el proyecto no sólo en el entorno inmediato, sino también en todo el contexto de relaciones urbanas territoriales que afecta a la iniciativa.
La otra novedad en materia de planificación es la actualización de todo el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), que emprenderá este año el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Según el Seremi, además de revisar el actual instrumento, se harán ajustes con el fin de que esta herramienta dé cuenta del actual desarrollo urbano y la nueva estrategia regional.
La última actualización se efectuó en 1994, oportunidad en que se redujo el área urbana del Gran Santiago (que comprende las 34 comunas del Área Metropolitana de Santiago) de 100 mil hectáreas a 60 mil hectáreas, tamaño que aún se conserva y no ha sido modificado.
Según Nelson Morales, se han estimado 18 meses de trabajo para recoger y analizar una propuesta de actualización que no sólo trate de las ampliaciones de límite de la ciudad, sino también de aspectos tan importantes como las áreas verdes los equipamientos y la vialidad.
Algunas aprensiones
Esteban González, de la consultora AGS Arquitectura de Negocios, quien ha estado estudiando el tema, comenta que uno de los aspectos importantes será la incorporación, al Gran Santiago, de entre 6.000 y 8.000 hectáreas nuevas a través del mecanismo de desarrollo condicionado.
"Si bien coincido con el espíritu de esta actualización, temo que el plazo estipulado para llevarla a cabo sea ambicioso, ya que la magnitud de la tarea exige un tiempo superior y la experiencia ha demostrado que un cambio de tal naturaleza lleva por lo menos cuatro años. Lamentablemente, dada la falta de suelos en Santiago, a valores menores a 1,5 UF metro cuadrado, parece un riesgo enorme que el ministerio apueste todos sus esfuerzos en esta actualización general, pues no generará nuevos suelos en todo el tiempo que demore la aprobación. Y de fallar este proceso, se quedará sin suelo por un período mucho mayor. Esto afectará a los más pobres, quienes deberán localizarse fuera del Área Metropolitana, en zonas como Talagante, Melipilla y otras en los extramuros".
Para Nelson Morales, la actualización del PRMS en ningún caso congela o paraliza la situación de suelos urbanos. "Se trata de un período de reflexión y estudio para fijar criterios generales y conocidos para todos los actores del territorio.
Afirma el seremi que el Área Metropolitana seguirá creciendo bajo la figura de los Zoduc y toda propuesta que no se enmarque en ese ámbito será analizada en el marco de la actualización y revisión del PMRS.
Al tono con los tiempos
La actualización del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PMRS) busca poner al día la planificación urbana regional, considerando todos los avances que ha tenido la ciudad en materia de equipamiento metropolitano, actividades productivas y de servicio; infraestructura metropolitana, y áreas restringidas o excluida al desarrollo urbano. El plazo para esta tarea es de 18 meses a partir de este año.
Fuente: emol.com
Llegó la democracia a Vitacura
Este ejemplo de articulación efectiva debiera ser imitado por otras comunas, para que toda en el futuro, la planificación sea decidida por los residentes.
Patricio Herman P. Agrupación Defendamos la Ciudad
HACE UN TIEMPO informamos sobre dos hechos que afectan nuestro sistema político en la planificación urbana y la participación ciudadana.
El primero era el intento del Concejo Municipal de Vitacura de hacer más permisivas las normas urbanísticas de densidad baja de un tramo de un barrio para darle plusvalía patrimonial a los dueños de sus terrenos, de modo de permitir la construcción en altura. El alcalde y sus concejales buscaban un “traje a la medida” para esos pocos vecinos y, de paso, para las inmobiliarias que actúan en las sombras.
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El segundo, la regresiva votación de la Cámara de Diputados, que rechazó la reforma de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para rebajar el porcentaje de inscritos en los registros electorales (de 10% a 5%) que se necesitan para que la comunidad convoque plebiscitos comunales. Hoy, la ley exige que las firmas sean autentificadas por un notario y la experiencia indica que llegar a 10% es prácticamente imposible y por eso nunca ha habido un plebiscito ciudadano. Los diputados justificaron su decisión debido a que tal ejercicio democrático eran caro (sic).
Pese a estos obstáculos, los vecinos de Vitacura, tras un arduo trabajo de cinco meses, lograron reunir las firmas ante notario que se necesitan para obligar a Vitacura a llamar a un plebiscito. Serán los residentes quienes decidan las enmiendas urbanas en trámite en la Conama. Debían lograr 5 mil 300 firmas, equivalentes a 10% de los inscritos en los registros, y llegaron a 6 mil 600, más mil 800 de vecinos de la comuna que votan en otras partes.
Cumpliendo estas formalidades, el miércoles 20 de diciembre, los líderes vecinales le entregaron al alcalde Raúl Torrealba la documentación para que convoque, en el plazo legal, el plebiscito y la comunidad decida si acepta o rechaza la proposición mercantil oficial. La municipalidad está proponiendo modificaciones urbanísticas en otros sectores, como Los Castaños y Villa El Dorado, todas con sesgo pro-negocios.
El fenómeno de los cambios pro-crecimiento se ha generalizado. Sería conveniente que el Ministerio de Vivienda estableciera en la ordenanza respectiva -instrumento de mayor jerarquía que la planificación comunal- una fórmula que relacione la cantidad de áreas verdes públicas con la de habitantes por hectárea en cada comuna, de modo que los procesos de densificación estén acompañados de mayor disponibilidad de parques o plazas comunitarias, lo que hemos propuesto en otras ocasiones sin resultado.
Este ejemplo de articulación efectiva de los vecinos de Vitacura debiera ser imitado por otras comunas, para que en un futuro cercano toda la planificación la decidan los residentes, un requerimiento útil porque -en muchos casos- la autoridad local es una simple ave de paso sin arraigado en el territorio que administra.
Sería necesario que los dirigentes políticos, quienes no han expresado juicios sobre este logro democrático, cambien la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para que, a partir de los próximos comicios, los candidatos a alcalde y concejales demuestren fehacientemente que viven en la comuna donde desean ejercer el mandato ciudadano. Esto sí sería una muestra de modernidad y transparencia.
Ante el logro inédito de Vitacura, la ciudadanía deberá estar atenta a lo que suceda con el plebiscito, para asegurarse que sea debidamente informado en igualdad de condiciones y con presencia de apoderados en todas las mesas electorales. Más aún, ya que su resultado será vinculante sólo si emiten sus votos a lo menos 50% de los 53 mil vecinos inscritos en Vitacura.
Fuente: www.lanacion.cl
Elaboración de planos reguladores será con participación ciudadana
Proyecto de ley de Planificación Urbana
Lunes 25 de diciembre de 2006
Ministra de Vivienda, Patricia Poblete, adelanta principales aspectos del texto que se enviará al Congreso en enero.
EUGENIO DROGUETT
La participación ciudadana en la elaboración de los planos reguladores es uno de los grandes cambios que introducirá el proyecto de ley sobre planificación urbana que el Ejecutivo enviará al Congreso en enero próximo.
Así lo informó a este diario la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, quien adelantó los puntos relevantes de la iniciativa que está en etapa de ajuste final.
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Este proyecto, junto a "Suelos de integración social" y "Mitigaciones en la vialidad urbana", forma parte de la agenda de ciudad dentro de la modernización de la legislación urbana.
La ministra explica que en la participación ciudadana "debe darse un proceso desde el inicio o transformación de un plano regulador. Pero no tiene que ser una mera consulta informativa, sino que debe producirse retroalimentación para que el alcalde y su concejo tengan toda la información para tomar la decisión".
Según la secretaria de Estado, la modificación busca que se consulte varias veces a los vecinos, "pero no se trata de que ellos impongan todas sus condiciones tampoco".
"Es posible crear ciudades amables, con barrios más integrados y recuperar el patrimonio urbano, como lo ha pedido la Presidenta", agrega la ministra.
El Comité de Desarrollo Urbano está recogiendo -"no nos están imponiendo"- las observaciones que se han formulado.
Cambio en las urbes
Considerando los fuertes cambios en el desarrollo de las ciudades, la reforma a la ley -explica la ministra Poblete- modernizará los actuales instrumentos de planificación urbana, para tener mecanismos mucho más expeditos que se adapten al tiempo de cambios en las ciudades.
También, para incorporar mayor participación ciudadana en el diseño y materialización de los planes y normativas, así como para garantizar que el desarrollo inmobiliario y constructivo aporte al mejoramiento urbano colectivo, y no sólo privado.
La "Agenda Ciudad 2007-2010" será anunciada por la ministra Patricia Poblete en los próximos días.
Propuestas en ley de Planificación Urbana
Estos son algunos de los cambios que se introducirán a la planificación urbana y que informará al país en los próximos días la ministra de Vivienda, Patricia Poblete:
1 Participación Ciudadana. En la elaboración de los Planes Reguladores incorpora la participación ciudadana desde el inicio del proceso de estudio y elaboración, ya que hoy la intervención sólo es informativa y al final del proceso de aprobación. Esto permitirá mejorar los planes y reducir los conflictos creados en el proceso final de aprobación.
2 Acoge diversidad. Ciudades y pueblos podrán hacer planes según sus necesidades, tamaño de población y territorio, flexibilizando los contenidos de los planos reguladores. Se evita con ello obligar a las comunas a tener el mismo tipo de plan.
3 Facilita actualización. Permite modificación y ajustes de partes de una comuna o intercomuna mediante planes menores o planes seccionales con procesos más acotados, expeditos y cortos de aprobación.
4 Fomenta planificación. También considera el diseño urbano de barrios porque amplía facultades de los planos para normar el diseño de edificaciones y de los espacios públicos, posibilitando el desarrollo más armónico de los barrios y sectores de una comuna.
5 Crea instrumento. La Planificación Urbana Condicionada permitirá a los Planos Reguladores establecer en cualquier zona de una ciudad condiciones explícitas de mejoramiento y construcción de los espacios públicos (plazas, parques, vialidad o equipamientos públicos) a cambio de derechos de mayor construcción para los proyectos inmobiliarios.
6 Crea compensaciones. Mediante la creación del mecanismo de los Derechos Transables de Construcción, se permite a propietarios gravados con áreas verdes, zonas de protección patrimonial o para reservas de infraestructura, ser compensados con derechos de construcción transferibles o vendibles a otros predios no gravados.
7 Perfecciona procesos. Como el de saneamiento o mejoramiento de barrios, que posibilitará declarar de utilidad pública a conjuntos de viviendas económicas o parte de éstos cuando se encuentren en condiciones de deterioro, a fin de permitir la acción del Estado en su mejoramiento integral.
8 Regulación. Se deroga el actual Artículo 55º que permite desarrollo urbano fuera de los planes reguladores, y se reemplaza por normas de construcción y subdivisión rural establecidas por ley que garantizan el desarrollo armónico en estas áreas.
Fuente: www.emol.com